En pleno proceso de recopilación de información de la Mutualidad de Carabineros (Mutucar) por parte del Ministerio de Justicia, y con líneas investigativas abiertas por parte del Ministerio Público, el 4 de enero de este año la Contraloría emitió un dictamen, en el que afirma que “no procede que autoridades públicas que se indican integren el Consejo de Administración” de la Mutucar.
Entre estas autoridades se encuentran, entre otros, el general director de Carabineros, Bruno Villalobos, y el director de la PDI, Héctor Espinosa. Algunos de estos, de acuerdo a los estatutos de Mutualidad, integran el citado consejo “por ‘derecho propio’ y otros designados por las autoridades” de la instancia recién mencionada.
La Mutucar es una entidad privada sin fines de lucro, la que fue creada hace poco más de un siglo, que se encarga de prestar servicios de aseguradora tanto para funcionarios de la policía uniformada como de la Policía de Investigaciones, quienes por norma automáticamente figuran inscritos en esta institución, la que no forma parte administrativamente de Carabineros de Chile.
Esto último fue parte de los argumentos de la institución para no referirse a la retribución económica que recibe Villalobos, quien oficia como presidente del consejo de administración de la Mutucar. T13 reveló que el 2016 la retribución económica que reciben los integrantes del consejo superaría los 24 millones de pesos anuales cada uno, lo que significó un desembolso de cerca de 219 millones.
El dictamen de Contraloría viene a responder un requerimiento de información del diputado socialista Leonardo Soto, quien consultó “si la participación de personal en servicio activo de Carabineros de Chile y de la Policía de Investigaciones (PDI) en el Consejo de Administración de la Mutualidad de Carabineros de Chile (Mutucar) y la retribución económica que perciben por esa labor, se ajusta a derecho”.
El mismo Villalobos, de acuerdo al dictamen, contestó a la entidad dirigida por Jorge Bermúdez que el personal que figura como consejero lo hace como “asegurado” de la Mutucar. La PDI, en tanto, afirma que la participación de Espinosa como consejero tiene que ver con su ámbito privado, “ajeno al cargo institucional”. Luego, plantea que las remuneraciones de los consejeros son aprobadas por la junta general ordinaria de asegurados.
Tras mencionar dictámenes anteriores, Contraloría cita la Ley Orgánica Constitucional De Bases Generales De La Administración Del Estado y afirma que “los empleados públicos tienen el deber de evitar que sus prerrogativas o esferas de influencias se proyecten en su actividad particular, aun cuando la posibilidad de que se produzca un conflicto sea solo potencial, lo que ocurre, entre otros casos, cuando esa actividad incide o se relaciona con el campo de las labores propias de la institución a la cual pertenece”.
En la página 6, se concluye que “no corresponde que las autoridades que conforman su Consejo de Administración, lo integren en atención a los cargos públicos que ejercen, pues no se encuentra dentro de sus funciones el dirigir la mutualidad aludida ni existe autorización legal que habilite a la Administración a participar en esa entidad privada”.
Además, Contraloría afirma que no corresponde que estas personas integren el consejo “en el ejercicio de actividades privadas, pues las decisiones que se adopten en la mutualidad afectan a las instituciones que dirigen”. Esta relación se da porque es obligación por ley que los funcionarios de Carabineros y PDI estén asegurados por la Mutualidad.
El dictamen reitera que “no procede que altas autoridades de Carabineros de Chile y de la PDI integren el consejo de administración de la anotada mutualidad, por cuanto la labor que les corresponde realizar como consejeros no se concilia con su posición institucional".
"Lo anterior, cobra especial relevancia si se considera que sus prerrogativas o esferas de influencia, generadas en virtud del régimen jerárquico y disciplinado que rige en esas instituciones policiales, se proyectan en esa entidad privada, y a la inversa, lo que se traduce en un factor objetivo de un potencial conflicto de intereses”, agrega el dictamen, en relación a que otros consejeros son jerárquicamente menores que el general director.
Se cita también que los cargos directivos en estas instituciones ejercerán estas funciones de manera gratuita pero tienen derecho a ser reembolsados los gastos incurridos por trabajos relacionados con “el ejercicio de su función”. El mismo código afirma que si los estatutos no dicen algo distinto, el directorio puede fijar una “retribución adecuada a aquellos directores que presten a la organización servicios distintos de sus funciones como directores”.
De los informes analizados por el ente contralor, no figura ningún tipo de acuerdo por este tipo de retribuciones, ni tampoco se citan estas actividades distintas a las funciones administrativas, por lo que “deberá ser revisado por el Ministerio de Justicia”, en el marco de sus facultades fiscalizadoras.
Contraloría concluye que, como no existe “norma legal que autorice la participación” de funcionarios públicos en Mutucar, no puede fiscalizar estos gastos, pese a que esto “no obsta al ejercicio de las potestades” fiscalizadoras de Carabineros y la PDI.
Otras mutualidades en la mira
La relevancia de este escrito excede a la Mutualidad de Carabineros. Después de las conclusiones vinculadas a la Mutucar, se plantea que estas conclusiones aplican a los miembros de las Fuerzas Armadas que integren directorios del Ejército, Fuerza Aérea o Armada, tanto por el hecho de ser designados por estos cargos como por el ejercicio del mismo.
Las instituciones comenzaron a reaccionar. Al ser las mutualidades una suerte de aseguradoras, estas también deben rendir cuentas a la Superintendencia de Valores y Seguros.
La Mutualidad del Ejército y Aviación cita, en un oficio enviado en esta jornada a la SVS, este dictamen de Contraloría y sus conclusiones, las que estarían “afectando la constitución de nuestro Consejo, debido a que se encuentra conformado por asegurados activos tanto del Ejército como de la Fuerza Aérea de Chile, de acuerdo a lo dispuesto en los Estatutos que la rigen. Al respecto, se informa a Ud. que la Mutualidad se encuentra estudiando los cursos de acción de este pronunciamiento”.
