Una serie de irregularidades detectó la Contraloría en la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena respecto de las compras de tierras a comunidades. El organismo contralor detectó que existían pago de sobreprecios de siete terrenos y varios desórdenes administrativos.
Se constató que la Conadi adquirió estos predios entre 2012 y 2013 por un valor de $32.130 millones, a pesar de que la tasación de los mismos llega solo a los $26.534 millones, lo que indica que se pagaron más de cinco mil millones de más.
En la misma línea, la contraloría aseguró en El Mercurio que al interior del organismo se carece de "directrices aprobadas por la autoridad del servicio, que establezcan el método de tasación que deben emplear en la valorización del suelo, construcciones, plantaciones y otros activos que posean los inmuebles".
Lo anterior podría significar que los funcionarios que se encargan de ese tipo de trabajo "no apliquen procedimientos estandarizados, objetivos y constantes en el tiempo".
Así mismo, la contraloría señaló que se habría dado prioridad a algunas comunidades por sobre otras para realizar el proceso de compra, lo que "no se ajustaría a derecho" de acuerdo con el organismo.
La indagatoria también reveló desórdenes administrativos, ya que los antecedentes de 64 predios no contenían los informes de tasación, agronómicos, de colindancia ni topográficos. Lo mismo sucedía con los estudios de título de estos terrenos.
Desde la Conadi, el director, Alberto Pizarro aseguró que "hemos sido rigurosos en respetar las tasaciones, no se puede pagar más de lo que vale el terreno, hay un margen, pero no se puede comprar un terreno que se escapa mucho de la tasación comercial".
La autoridad también señaló que están realizando un ordenamiento de los procesos y que "a partir de 2015, la Contraloría visa nuestros procesos y carpetas de restitución territorial. Nosotros proveemos toda la información y nos parece fundamental que se transparenten estas situaciones".
