La Contraloría General de la República informó, la tarde de este miércoles, que ha concluido el proceso sumarial que inició el 26 de noviembre de 2019 para determinar eventuales responsabilidades administrativas de superiores y personal de Carabineros de Chile tras el denominado estallido social.
Esto, según indican, "tras la recepción de una serie de denuncias debidamente individualizadas, relativas al actuar de la policía uniformada a partir del 18 de octubre de 2019 y hasta el 31 de diciembre del mismo año".
Ahora, "tal como establece el procedimiento administrativo, el sumario ha sido enviado a las autoridades competentes para la aplicación de las medidas disciplinarias propuestas por la Contraloría General", explica la nota.
De esta forma, conocedores de la investigación precisaron que la Contraloría propuso al director general de Carabineros, Ricardo Yáñez, la suspensión de dos generales en servicio activo y un general en retiro que desempeñaron funciones directas durante el estallido social de finales de 2019.
Se trata del actual director nacional de Apoyo a las Operaciones Policiales, general Enrique Bassaletti, quien al momento de los hechos cumplía funciones como jefe de la Zona Metropolitana Este, del actual subdirector de la entidad, general inspector Mauricio Rodríguez y el general en retiro Jorge Ávila, entonces jefe de la zona de Control de Orden Público.
Todos ellos, según la investigación, no adoptaron medida alguna para corregir prácticas policiales de orden público.
Esta proposición formulada por el organismo contralor es inédita en materia disciplinaria y es la segunda más alta aplicada por el estatuto administrativo. La primera es la destitución.
Desde Carabineros aseguraron que el general director Yáñez "recibirá los antecedentes del sumario enviados para su análisis, e informará de manera oportuna al ente contralor".
Responsabilidades administrativas en 3 aspectos
- Los casos indagados durante el sumario refieren al uso de gases antidisturbios en las inmediaciones de centros asistenciales de salud, entre el 4 y 11 de noviembre de 2019. Se trata de los hospitales Exequiel González Cortés, en la comuna de San Miguel, y Gustavo Fricke, en Valparaíso. También se incluyó la Clínica Santa María, en Providencia.
- El uso de escopetas antidisturbios. Estas últimas, entre el 18 de octubre y 31 de diciembre, fueron cargadas y disparadas con munición que contenía plomo, pese a que estaba expresamente prohibido -incluso- en un informe interno preparado por la misma institución.
- La disponibilidad de carros lanzaaguas para dispersar manifestaciones.
La Contraloría, en tanto, absolvió al general Jorge Valenzuela Hernández, quien fungió en medio del estallido como director nacional de Apoyo a las Operaciones Policiales. Igual determinación se adoptó en favor del director de Logística del momento, general Jean Camus. Lo anterior, porque a través de sus declaraciones y documentos se acreditó que ejecutaron medidas para corregir su conducta.
Junto a los anteriores también fue absuelto el ex jefe de la Zona Metropolitana Oeste, general Enrique Monrás, debido a que suspendió a un funcionario activo, por el uso indebido de municiones, iniciándole una investigación administrativa.
