El Consejo para la Transparencia (CPLT) envió un oficio, solicitando más información sobre el hackeo y posterior filtración de los correos electrónicos del Estado Mayor Conjunto (EMCO) de la Defensa Nacional de Chile.
La corporación busca conocer qué tipo de información fue filtrada por el grupo hacker Guacamaya, que opera en distintos países de Latinoamérica, y que se ha adjudicado ataques a policías y fuerzas militares de México, Perú, Colombia y El Salvador.
“Estamos ante información sensible, no solo información que podría ser personal, sino también información que podría pertenecer al ámbito de la seguridad nacional y que puede ser objeto de reserva. Además, con esto se afectó gravemente la inviolabilidad de las comunicaciones privadas, derecho fundamental consagrado constitucionalmente”, dijo el presidente del CPLT, Francisco Leturia.
Boric pide a ministra Fernández volver a Chile tras hackeo a correos del Estado Mayor Conjunto
“Chile necesita de forma urgente una regulación más prolija y actualizada de, al menos, tres materias estrechamente relacionadas: uso de correos electrónicos y mensajería en el sector público; protección de datos personales; y ciberseguridad e infraestructura crítica de la información”, añadió.
De la situación se hará cargo la ministra de Defensa, Maya Fernández, quien volvió a Chile de manera anticipada mientras acompañaba al Presidente, Gabriel Boric, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, para reunir antecedentes sobre el tema.
Desde el Ejecutivo ordenaron un sumario administrativo para determinar eventuales responsabilidades en la filtración de estos documentos.
"El gobierno ha ordenado un sumario administrativo para determinar las responsabilidades correspondientes. Adicionalmente, los antecedentes han sido puestos a disposición de la justicia militar para dar pie a la investigación penal", dijeron a través de un comunicado.
Ahora, el Consejo para la Transparencia deberá esperar diez días hábiles desde que presenten el oficio para obtener la información que solicitan.
“Institucionalmente, lo que nos corresponde –como hemos hecho en el caso de otras filtraciones que han afectado a instituciones del Estado- es oficiar a las instituciones involucradas, como el Estado Mayor Conjunto, para pedir más antecedentes sobre el incidente ocurrido, cuáles son las medidas que se están tomando para abordarlo, y determinar qué tipo de información es la que se filtró o fue objeto de un acceso no autorizado”, explicó Leturia.
