Este miércoles, el Congreso Nacional despachó a Ley la ampliación de la Pensión Garantizada Universal (PGU).
La iniciativa permitirá que más de 70 mil nuevos beneficiarios se sumen a la PGU.
En cifras del Gobierno, se permitirá llegar a las personas mayores pertenecientes al 90% de la población chilena.
Desde el Ministerio de Trabajo y Previsión Social indicaron que "a quien haya postulado con anterioridad y ahora cumpla con los requisitos actualizados, se procesará su beneficio automáticamente".
El proyecto fue respaldado de manera unánime en el Senado, dado que obtuvo 42 votos a favor y ninguno en contra ni abstenciones, por lo que se aprobó en general y particular.
Qué es la PGU y cuáles son los alcances de la ampliación
La PGU es un beneficio del Estado que reemplaza a los beneficios de vejez del Pilar Solidario. El monto del beneficio asciedne a un máximo de $193.917 y por los reajustes anuales, en febrero de 2023 llegará a $206.173.
El proyecto pretendía, a través de un artículo único, incorporar a toda la población mayor de 65 años, dentro del 90% de la población de menores recursos.
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La ministra del Trabajo, Jeannette Jara, destacó que “el aumento de la cobertura del 60% al 90% de la PGU partió en el mes de agosto del año 2022, desarrollando, el Instituto de Previsión Social, distintas gestiones para poder llegar a las y los beneficiarios”.
“Sin embargo, se instalaba entre varias personas una sensación de injusticia porque no entendían por qué no calificaban si cuando se sentían que no eran parte del 10% más rico de la población. La Ley ha tenido una mejoría importante que va a permitir que ingresen 70 mil personas más, de las cuales 24 mil de ellas ya habían presentado su solicitud, habían sido rechazadas con motivo de la Ley vigente y van a ser recalificadas de oficio sin tener que presentar nuevamente solicitud por parte del Instituto de Previsión Social a fin de que puedan empezar a recibir este beneficio”, agregó.
El ministro de Hacienda, Mario Marcel, indicó que la incorporación contempla un gasto de 170 millones de dólares anuales y que están financiados con recursos del presupuesto.
Por lo pronto, la iniciativa pasará a la Cámara de Diputadas y Diputados para su respectiva notificación a La Moneda de que está en condiciones de convertirse en Ley.
