Congreso actualiza sus protocolos de acoso sexual y amplía sus alcances
Congreso actualiza sus protocolos de acoso sexual y amplía sus alcances
La lucha por eliminar la violencia de género alcanzó en mayo pasado al Congreso Nacional, cuando se anunció la actualización de los protocolos para eliminar la violencia de género. Tanto la mesa de la Cámara de Diputados como el Senado preparan modificaciones importantes a sus normativas.
Según informa La Tercera, La Cámara de Diputados impulsaría una nueva normativa que incluyera a los diputados y diputadas, quienes hoy no están contemplados bajo el reglamento de Orden, Higiene y Seguridad que rige a los funcionarios de esa corporación en materia de acoso.
Hoy en día, de existir una denuncia en contra de algún parlamentario, esta debe ser canalizada mediante la Comisión de Ética, cuyo código no establece explícitamente dentro de sus prohibiciones el acoso sexual.
La comisión especial designada por Régimen Interior y liderada por Maya Fernández, ha trabajado el último mes en el nuevo “Protocolo de prevención y sanción del acoso sexual”, el que busca que la Cámara Baja se convierta en un espacio “libre” de estas prácticas.
Según se informa, la nueva normativa recaerá sobre cualquier persona que cumpla funciones dentro o fuera del edificio de la Cámara de Diputados, incluyendo explícitamente “a diputados y diputadas”.
En caso de que la denuncia se dirija en contra de algún parlamentario, será otro diputado, electo al azar por la Comisión de Régimen Interno, que debe pertenecer a un partido distinto al del acusado o acusada, el que lidere la indagatoria, que luego actuará como relator ante la misma instancia.
En el caso del Senado, el jueves pasado se dictó la resolución que modifica el Reglamento de Orden, Higiene y Seguridad, en materia de acoso sexual, que contiene un nuevo protocolo. Hoy la norma rige solo para los funcionarios y funcionarias, el nuevo protocolo se aplica a “todos los funcionarios, trabajadores, y cualquier persona que preste servicios a la Corporación, cualquiera sea su calidad jurídica o forma de contratación de las personas involucradas.
