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Confirman penas de 15 años de cárcel a agentes de la DINA por tres secuestros en "La Venda Sexy"

Confirman penas de 15 años de cárcel a agentes de la DINA por tres secuestros en "La Venda Sexy"
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Raúl Iturriaga Neumann, Risiere Altez España, Hugo Hernández Valle y Gerardo Urrich González fueron condenados por las desapariciones de Eduardo Aliste, Gerardo Silva y María Eugenia Martínez. Mientras que a Manuel Carevic Cubillos se le rebajó la condena a cinco años y un día.

La Corte de Apelaciones de Santiago condenó a cinco ex agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) por el secuestro calificado de Eduardo Aliste González, Gerardo Silva Zaldívar y María Eugenia Martínez Hernández, en 1974.

En fallo dividido, la Cuarta Sala del tribunal de alzada confirmó las penas de 15 años y un día de presidio para Raúl Iturriaga Neumann, Risiere Altez España, Hugo Hernández Valle y Gerardo Urrich González, mientras que a Manuel Carevic Cubillos se le rebajó la sentencia a 5 años y un día.

Todos los involucrados cumplen condenas por otros crímenes de lesa humanidad. 

A Iturriaga se le revocó en octubre la libertad condicional por considerársele un "peligro para la sociedad"; Altez se encontraba en Punta Peuco, desde donde en enero fue trasladado al hospital penitenciario; Hernández fue condenado en diciembre a cuatro años por la desaparición del joven socialista de 16 años Claudio Venegas Lazzaro, caso por el que Iturriaga, Urrich y Altez recibieron cinco años.

Los ilícitos se produjeron en el recinto denominado "Venda Sexy" o "La Discotheque", ubicado en calle Irán 3037, en Macul, que era utilizado por la DINA como centro secreto de detención y tortura.

Aliste González desapareció tras ser detenido el 24 de septiembre de 1974, mientras que no se tiene rastro de Silva Saldívar desde el 10 de diciembre del mismo año.

En tanto, Martínez Hernández, vinculada al Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) fue trasladada desde su trabajo al centro de detención el 24 de octubre. A mediados de noviembre fue vista en otros recintos de reclusión clandestinos, tras lo que no se tienen noticias de su paradero.

La sentencia incluye la condena al Fisco a pagar indemnizaciones por un total de $ 350 millones a familiares de las víctimas.

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