El fiscal regional de La Araucanía, Roberto Garrido, se refirió este domingo a la detención de quienes serían los principales sospechosos del asesinato de los tres carabineros, ocurrido la madrugada del 27 de abril pasado, en la zona de Cañete, Región del Biobío.
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En entrevista con La Tercera, el persecutor abordó además algunos hitos de su gestión, destacando precisamente esta investigación y la reserva con que se llevaron adelante las diligencias.
“Desde el principio fluyó mucha información, nosotros abrimos varios canales de comunicación y nos dedicamos a pesquisar toda la información que nos pudiera servir. Lo primero fue tratar de canalizarla para hacer un análisis de la misma, procesarla y evitar que las diligencias que estábamos realizando fueran conocidas”, dijo Garrido.
“Desde el inicio hubo referencias a quiénes pudieron haber participado, pero fueron referencias indirectas. Este es un caso donde no hay un testigo presencial, entonces toda la información que a uno le proporcionen es información que requiere ser corroborada”, agregó.
“Siempre se mantuvo un abanico abierto de posibilidades y fue un cúmulo de antecedentes lo que lleva, casi hace unas dos semanas, a decir: ya, ahora es momento de pedir órdenes de detención”, relató el fiscal.
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Consultado por el monitoreo que se les hizo a los imputados tras el triple homicidio, el persecutor indicó que “Tomás Antihuen se quedó en su casa. Ninguno tiene actividades laborales formales, salvo Yeferson Antihuen, que en el mes de junio inició una relación laboral con una empresa en Santiago”.
“Por las conversaciones que tenían, advertimos que sabían que tenían que resguardarse. Siempre estaban muy atentos a los movimientos que hacía Carabineros. Estaban atentos a la información que se publicaba”, sostuvo.
“Por ejemplo, una cosa que constatamos a raíz de un reportaje es que cambiaron sus teléfonos celulares después de que se les mencionó como eventuales sospechosos, y eso nos retrasó porque hubo que hacer diligencias para averiguar los nuevos números”, complementó.
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Crimen fue planificado y no tendría móviles políticos
Sobre más implicados en el caso y la presunta planificación para cometer el crimen, Roberto Garrido explicó que “el objetivo de esta investigación es determinar quiénes fueron todos los implicados en el homicidio de los funcionarios. Y si consideramos el nivel de preparación que una acción de esta clase tuvo y la forma en que lo hicieron, tiene que haber participado por lo menos el doble de personas que el número de carabineros”.
“O sea, por lo menos seis. Además, la información balística nos da cuenta del uso de cuatro armas distintas. Y también tenemos antecedentes que demuestran la presencia de vehículos, a la misma hora en que está ocurriendo el homicidio, que realizan una actividad aparentemente de cobertura”, afirmó el fiscal.
“No parece que haya existido una improvisación, porque los tiempos son muy breves. Esto ocurre en aproximadamente 43 minutos, según la cuenta que nosotros podemos hacer. Si consideramos declaraciones de testigos y registros de las pocas cámaras que se logran levantar con información relevante, todo parece indicar que estaba muy bien planificado”, explicó.
“Incluso, recogen evidencia alrededor del vehículo. Incendian la camioneta en otro punto, donde también se registraron disparos, tratando de variar el lugar de los hechos y hacer creer que todo había ocurrido en la carretera y no en el sector donde se controlaba la medida cautelar”, añadió Garrido.
Respecto a un mensaje de tipo político como parte de la motivación de los autores del triple homicidio, Garrido indicó que “mi opinión es que en la provincia de Arauco y en la Región de La Araucanía no existen grupos que tengan posturas políticas, no hay violencia política. El fenómeno que hoy día impera en estas zonas es de criminalidad organizada”.
“Si nos retrotraemos a principios del 2000, uno podría encontrar en las acciones violentas una forma de manifestación para la reivindicación de ciertos derechos. Pero eso se fue modificando en el tiempo. Ahora, los discursos de los grupos que pretenden vincularse con reclamaciones del pueblo mapuche son inexistentes. Los grupos que operan en la Macrozona Sur pasaron de reivindicar derechos ancestrales al control territorial como lo que hacen bandas como el Tren de Aragua”, aseguró.
“Utilizan la denominación de la reivindicación política para enmascarar sus verdaderas intenciones. Porque tiene una utilidad para ellos: si es que son detenidos o son imputados por ciertos delitos pueden invocar un supuesto carácter de preso político, porque tengo un apellido mapuche o porque vivo en una comunidad mapuche. Pero estas no son personas que sean perseguidas por su ideología”, sostuvo Garrido.
“Hay un discurso de odio que va generando resentimiento y eso genera expresiones muy violentas. En este caso lo podemos constatar, pero si pensamos hacia atrás. hay otros, como el caso de nueve personas que secuestraron a dos individuos, el homicidio del matrimonio Luchsinger-Mackay”, finalizó el fiscal regional.
