Tal como estaba previsto, la Asociación de Aseguradores de Chile (AACH) se hizo parte del requerimiento ingresado por el Gobierno la semana pasada e ingresó sus argumentos en el Tribunal Constitucional (TC) en contra del proyecto despachado desde el Congreso que permite un tercer retiro del 10% de los fondos de pensiones.
Más allá del rescate de los ahorros previsionales, el gremio muestra su preocupación en torno al "anticipo" de las rentas vitalicias que incluye la iniciativa aprobada. Según el documento, y pese a que el proyecto de ley señala que el anticipo se devolverá a las compañías de seguros de vida, estas tendrán un impacto financiero.
"Se comprenderá que hay un costo financiero al entregar dinero hoy, a cambio de pagos futuros y que para obtener ese dinero hoy, las aseguradoras deberán liquidar masivamente inversiones que, por el giro de negocios, son de largo plazo, lo que acarreará un castigo", indica el texto ingresado por el vicepresidente ejecutivo de la AACH, Jorge Claude.
Eso sí, desde la asociación gremial apuntan que el principal argumento es que las rentas vitalicias se pagan con el patrimonio de las compañías y no con el de los asegurados.
"Se trata éste que se propone (el retiro), entonces, en realidad, llámese como se llame, no de un adelanto, sino de la devolución forzosa de parte de la prima pagada al celebrar un contrato que la ley declara, expresamente, irrevocable y así lo demuestra el que, según el texto del proyecto de reforma al momento de presentarse el requerimiento por S.E. el Presidente de la República, ese supuesto adelanto corresponda a un porcentaje 'de los fondos originalmente traspasados a la respectiva compañía de seguros', según reza la norma impugnada", señala el documento de la AACH.
En esa línea, desde el gremio advierten que la reforma constitucional produce un "quiebre" de los principios de igual repartición de las cargas públicas y seguridad jurídica, y por ello, señalan, el Estado deberá compensarles en caso de que el proyecto finalmente sea convertido en Ley.
"Ese quiebre de principios fundantes trae aparejada responsabilidad patrimonial del Estado, tanto en el plano del derecho público interno, como en el del derecho público externo, en el cual los diversos tratados internacionales y acuerdos de protección de inversiones han consagrado, para los inversionistas extranjeros, el derecho al trato justo y equitativo y la proscripción de la expropiación regulatoria", acotan.
