Un día antes que Michelle Bachelet diera paso en la presidencia a Sebastián Piñera, la subsecretaria de derechos humanos Lorena Fríes realizó una denuncia ante la Justicia, para que se investiguen unos 30 mil casos de torturados, quienes entregaron su testimonio a la Comisión Valech.
"Utilicé el mecanismo de la denuncia, porque no tenía facultades para iniciar una querella", señala la ex subsecretaria.
Ante la denuncia, el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Mario Carroza decidió darle curso a la investigación. Por lo mismo, será el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), el cual deberá resolver si se levanta el secreto de los testimonios de manera total o parcial.
Fríes comenta que, desde el gobierno, se buscaba incorporar una indicación sustitutiva al proyecto de ley, que permitía que los tribunales conocieran los antecedentes hasta ahora secretos, "pero estableciendo un mecanismo de resguardo y de privacidad para las víctimas".
En conversación con El País, Fríes asegura la denuncia la hizo con la venia del ejecutivo y que tuvieron que actuar en la última jornada "porque tuvimos bastantes dificultades en poder avanzar en una agenda con las personas que fueron sobrevivientes de la tortura".
En ese sentido, también comenta que había interés del ejecutivo por crear una comisión permanente, dependiente del Ministerio de Justicia, que revisara testimonios rechazados por la Comisión Valech 2.
Sin embargo, señala que Jaime Campos, entonces titular de la cartera de Justicia, "no firmó el decreto, con lo que estos planes no se pudieron echar a andar".
Poco interés de avanzar en dicha materia con que Fríes también apunta a la actual gestión de Sebastián Piñera. "Está claro que en los próximos cuatro años no iba a haber un impulso del actual Gobierno en esta materia y me sentí con la responsabilidad de hacerlo", señala.
¿Qué contiene la Comisión Valech?
La Comisión Valech fue una instancia creada durante el gobierno de Ricardo Lagos y recogió 30 mil testimonios de abusos y prisión política por parte del régimen militar encabezado por Agusto Pinochet.
En 2003, el Estado tomó el compromiso de mantener en secreto, por 50 años, los testimonios de las víctimas y, ante lo mismo, los tribunales de justicia no han podido tener acceso a estos relatos.
Por otra parte, en el primer gobierno de Michelle Bachelet, se formó otra comisión, conocida como Valech 2, que apuntó a 9.795 nuevas víctimas, cuya información estaba contenida en el Informe Rettig y que está a disposición de los tribunales.
