Durante la jornada del jueves concluyó el estudio de la comisión de Recursos Hídricos, Desertificación y Sequía del Senado en Valparaíso, con el que se busca modificar el actual Código de Aguas. Entre los cambios, se estableció que los actuales derechos de agua no serán incluidos -los de vigencia perpetua-, pero sí se fortalecerá el rol fiscalizador de la Dirección General de Aguas, permitiendo que el órgano revoque el aprovechamiento indebido del recurso.
De acurdo con Biobío, la modificación por parte de la comisión de la Cámara Alta suaviza la reforma despachada por la Cámara de Diputados. Víctor Pérez Varela, senador (UDI) del Biobío Cordillera destacó que "este es un mal proyecto para Chile", arguyendo que establece diferencias entre quienes utilicen el recurso a partir de la implementación de la nueva ley.
Sin embargo, la senadora (PPD) de la región de Coquimbo, Adriana Muñoz expresó que "se ha propuesto que los derechos de agua no son eternos, sino que los próximos derechos de agua que se entreguen, serán a 30 años", de modo que la vigencia de los actuales derechos se vean modificados para su utilización.
En tanto, el senador (DC) de la región de Coquimbo, Jorge Pizarro destacó que "cuando hay escases, la gente dentro de sus predios empieza a hacer pozos, sacan aguas sabiendo que es de la misma cuenta", argumentando que "no avisan, no informan ni siquiera a su junta de vigilancia". Es por ello que se manifestó en la instancia que a la Dirección General de Aguas se le otorgará un rol fiscalizador para el adecuado uso del recurso hídrico.
De esta manera, la Cámara de Diputados definió que cuando se trate de "aguas halladas" en faenas mineras, las compañías deberán informar y pedir autorización para la utilización del recurso, destacando que cuando se trate de este tipo de aguas se solicitará informar oportunamente sin esperar la autorización de la Dirección.
En consecuencia, la tramitación del proyecto pasó a la comisión de Agricultura del Senado, requiriendo la revisión de las comisiones de Constitución y hacienda de la Cámara Alta.
