Un total de 37 páginas conforman los descargos de la Clínica Las Condes frente al sumario sanitario iniciado por la Seremi de Salud Metropolitana luego que se conociera que al interior del recinto se había administrado una tercera dosis contra el COVID-19 al presidente del recinto, Alejandro Gil.
En el documento firmado por el abogado Sebastián Oddo y al que accedió T13 se solicita dejar sin efecto el sumario sanitario, afirmando que la clínica "ha cumplido con la normativa sanitaria vigente". Junto con eso se señala que la formulación de cargos por parte de la seremi tendría una serie de "vicios legales", entre ellos que no se les habría precisado con claridad qué infracciones habría cometido el presidente de la clínica.
"En otras palabras, CLC debe comenzar a 'suponer' o 'adivinar' qué artículo o precepto legal particular es el que se le reprocha, lo que repugna a la ley", sostienen, añadiendo que lo anterior vulneraría preceptos constitucionales, que garantizan que exista un debido conocimiento de los cargos formulados en un proceso de este tipo.
Junto con esto, cuestionan que la formulación de cargos "omitió" detallar cuál es la sanción concreta que se pretende aplicar en el contexto del sumario. Ambos aspectos, sostiene la defensa de Gil, vulneraría el debido proceso, impidiéndoles defenderse con "plenitud".
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Pero más allá de lo formal, aseguran que la Clínica ha "cumplido con la normativa asociada a la vacunación contra el Covid-19 y, en el caso de considerarse una eventual infracción, ésta ha sido de ínfima entidad".
Y no solo eso. Sostienen que "en el caso que la autoridad decida aplicar una sanción, ésta carecerá de fundamento porque la propia Administración (Minsal) se encuentra pronta a implementar, a la brevedad, la aplicación de una tercera dosis a la población nacional".
En este sentido exponen que, de proceder sanciones, los hechos antes descritos permitirían "aminorar" una "eventual consecuencia desfavorable". Para argumentar este punto, en los descargos se citan los dichos del ministro de Salud, Enrique Paris, quien el pasado 12 de julio afirmó que se aplicaría "a la brevedad" una dosis de refuerzo a personas "con riesgo inmunológico", en linea a lo realizado por Israel.
Por otro lado, desde la defensa de la Clínica aseguran que lo ocurrido con Gil no corresponde a un hecho aislado. En este sentido aseguran que, tras revisar una revisión de todos los EPROs -como se denomina, en jerga médica, a eventos relacionados con los aspectos operativos de la vacunación y donde se deja constancia de errores o problemas en el proceso- detectaron 4 casos donde se aplicaron tres dosis de vacunas contra el COVID-19, los que fueron "debidamente informados a la autoridad sanitaria".
"Lo cierto es que respecto de estos casos, en que también se administró e informó a la autoridad sanitaria de la aplicación de una tercera dosis de vacuna, la respuesta oficial fue el seguimiento y estudio de la situación, pero no la apertura de un sumario sanitario como intempestivamente ocurre ahora", sostienen.
Es por ello que desde la clínica acusan un cambio de criterio "abismal, en tanto la autoridad, ante casos análogos, ha obrado en forma diametralmente opuesta en el ejercicio de su potestad pública".
Lo afirmado por la defensa de la Clínica coincide con lo reportado días atrás por el diario La Tercera, que detalló que a la fecha existen 10 personas que han recibido una tercera dosis de refuerzo. Sin embargo, expone el artículo, se trata de personas con inmunodeprimidas o con leucemia, lo que no es el caso de Gil (al menos no según los antecedentes personas expuestos en los descargos, como veremos más adelante).
Aseguran que Gil tendría bajos anticuerpos contra COVID-19
En una segunda parte de los descargos la clínica entrega antecedentes médicos sobre el caso, detallando que tras realizarse un examen de anticuerpos, se detectó que el presidente de la clínica presentaba un nivel de anticuerpos de 0,7 U/ml.
"Este resultado de 0,7 está bajo el umbral de anticuerpos para el virus del Covid-19, siendo NEGATIVA la existencia de anticuerpos o de inmunidad del paciente frente al virus", aseguran.
Y exponen que debido a la función "esencial" del presidente de la clínica y al ser una persona de 74 años, "éste se encontraba totalmente expuesto al contagio con el virus, arriesgando su vida e integridad física porque carecía de la inmunidad otorgada por el programa de vacunación asociado a la vacuna Sinovac". A esto agregan, se sumarían "varias preexistencias y comorbilidades".
Es por este motivo que, aseguran, el doctor Héctor Ducci, instruyó otorgarle una tercera dosis, esta vez, de Pfizer. Y advierten que la situación fue advertida al Minsal, por lo que "se respetó el conducto legal y regular".
Junto con esto exponen que la vacunación es un proceso voluntario, por lo que "no pudo producir daño".
"Consecuentemente, la vacunación que dio origen al presente sumario atendió estrictamente a razones de salud fundadas en respaldo científico, la evidente falta de inmunidad del paciente y la expresa orden de un facultativo médico", finalizan.
