La ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, solicitó que la Contraloría General de la República que declare inválido el proceso de remoción en su contra.
Recordemos que se trata de un proceso legal que fue iniciado por el máximo tribunal de justicia tras la filtración de mensajes comprometedores que sostuvo entre 2018 y 2013 con el abogado Luis Hermosilla, formalizado por los delitos de cohecho, lavado de activos y delitos tributarios
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Según investigaciones del Ministerio Público, algunas de estas conversaciones sugieren la posible comisión de delitos, lo que llevó a la Corte Suprema a suspender a la ministra y abrir un expediente de remoción.
Vivanco argumenta que se le ha impedido acceder a los documentos clave para su defensa, tanto por parte del Congreso como de la propia Corte Suprema.
En un escrito dirigido a la Contraloría, la ministra enfatizó que "es ilegal el decreto presidencial que concreta la remoción de un juez si no se cumple con la garantía del debido proceso".
Lo anterior, refiriéndose a la falta de acceso a los expedientes y pruebas en su caso, según los consignó este sábado El Mercurio.
La solicitud de la ministra Vivanco que fue rechazada
La ministra explicó que el 9 de septiembre de 2024 solicitó copia de los antecedentes de las comisiones de ética que investigan su conducta, pero esta petición fue rechazada el pasado 11 de septiembre.
Además, el pleno de la Corte Suprema también negó su solicitud de acceder a los documentos necesarios para preparar su defensa.
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La ministra Ángela Vivanco sostiene que el debido proceso implica un conjunto de derechos y garantías que deben ser respetados en cualquier procedimiento judicial o disciplinario, con el objetivo de proteger la autonomía y libertad de las personas frente a posibles abusos del poder público.
Concluyó que la remoción de un juez, junto con el decreto presidencial que la formalice, debe cumplir con estos requisitos, de lo contrario, se trataría de un acto "ilegal y arbitrario".
