El Presidente de la República, Gabriel Boric, encabezó este jueves, la promulgación de la nueva Ley de Seguridad Privada que fue aprobada a fines de noviembre de 2023 en el Congreso Nacional, luego de más de 14 años de tramitación.
La norma actualiza las capacitaciones para los guardias de seguridad privada y promete maximizar la eficiencia en el uso de recursos policiales, con el fin de colaborar con un mayor control territorial de Carabineros a través de acciones que permitan liberar a funcionarios de tareas no policiales o administrativas que hoy están a cargo del OS-10.
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“No pueden adjudicarse funciones policiales, pero sí tienen la obligación de coordinarse con las policías y de prestarles colaboración”, destacó la ministra del Interior, Carolina Tohá.
De qué se trata la nueva Ley de Seguridad Privada
Desde la Subsecretaría de Prevención del Delito destacaron que el nuevo marco legal promoverá el rol coadyuvante y complementario de la seguridad privada en relación con la seguridad pública, estableciendo obligaciones específicas para los sujetos y empresas reguladas.
Asimismo, actualizará los criterios y el procedimiento para designar entidades obligadas a tener medidas de seguridad, y modernizará los procesos de certificación de guardias y vigilantes privados, ya que la otorgará la Subsecretaría de Prevención del Delito a través de una plataforma informática administrada por la cartera.
De acuerdo a los datos entregados por el gobierno, hasta 2023 existían más de 2.500 empresas de seguridad acreditadas, más de 86 mil guardias acreditados y más de 7 mil vigilantes privados acreditados.
La actualización de las capacitaciones en la ley, obliga a distinguir entre los distintos niveles de riesgo y moderniza los criterios de procedimientos. Regula la seguridad privada en eventos masivos y modifica las infracciones y sanciones en caso de incumplimiento, estableciendo una proporcionalidad entre infracciones gravísimas, graves y leves para imponer multas.
Otro de los avances de la Ley de Seguridad Privada es que se modernizarán los requisitos para que las personas naturales y empresas de seguridad puedan ejercer actividades de seguridad privada, se reforzará la regulación de la actividad en eventos masivos y se robustecerán las funciones del órgano rector en la materia.
En la norma también se agravan las penas para quienes ataquen a los guardias privados. Actualmente alguien que agrede a un guardia que termine con lesiones leves arriesgaba 540 días de cárcel, mientras que con la nueva legislación se eleva a tres años.
En el caso de lesiones graves, la pena pasaría de 3 a 5 años.
