El Consejo de Defensa del Estado (CDE) se querelló contra cuatro reos de Punta Peuco, quienes son investigados por fraude al fisco, debido a las designaciones de pensiones de invalidez.
Y es que durante 2017, la Fiscalía Centro Norte inició una investigación por "presunto fraude al fisco" con respecto al otorgamiento de pensiones de inutilidad de segunda clase (jubilación de invalidez) concedidas por la Caja de Previsión de la Defensa Nacional (Capredena), hacia exfuncionarios de las Fuerzas Armadas (FF.AA.).
Sin embargo, el organismo colegiado se querelló en contra de cuatro reos que cumplen condena en Punta Peuco, por crímenes de derechos humanos; quienes, según señala La Tercera, "no habrían manifestado a Gendarmería tener algún tipo de enfermedad".
Entre los involucrados se encuentran Enrique Neira (pensión por $2.605.979), Patricio Ferrer (jubilación por $2.161.406), Jaime Torres (retiro por $ 1.647.687) y Rubén Fiedler (pensión por $1.340.000).
Según señala el documento, estos pensionados no cumplirían "los requisitos para haberse acogido a la pensión de inutilidad de segunda clase que les fue otorgada, debido a que no tienen (...) ninguna limitación física o mental que les impida desarrollar alguna actividad laboral (...)".
Por otra parte, existe un un tercer grupo de casos, ya que habrían personas que recibirían pensión de invalidez de segunda clase y que trabajan en el ámbito civil “con mayores exigencias físicas e intelectuales que las que desarrollaban en la institución pública”.
Entre ellos estarían el excomandante en jefe de la Fach, Patricio Rivera Narváez y general (R) de Brigada Aérea, Patricio Franjola, quien recibe la pensión más alta de Capredena, por $ 6.806.000.
