Este lunes la Corte de Apelaciones de Santiago revisa si se ratifica o anula el fallo que el 7 de abril determinó la suspensión condicional del proceso del denominado caso Tsunami.
El acuerdo al que llegó en esa ocasión la fiscalía con los imputados, acordaba el pago de 2 millones de pesos para cada familia de las víctimas y dejaba sin sanción penal a quienes fueron acusados de haber dado la alerta fallida de Tsunami el 27 de febrero de 2010, y que le costó la vida a 104 personas.
Los imputados son el ex subsecretario del interior, Patricio Rosende, la ex directora de la Onemi, Carmen Fernández, el ex jefe de alerta temprana de este organismo, Joziael Jamett, y los ex miembros del SHOA, los marinos Mariano Rojas, Andrés Enríquez y Mario Andina.
La medida fue rechazada por los familiares de las víctimas, por lo que este lunes se revisará el recurso presentado por los abogados de los querellantes para ver si se revierte o no el fallo aprobado en primera instancia por la jueza Carolina Gajardo que determinaba la suspensión condicional del procedimiento.
