Estaba agendada una reformalización de 10 personas en el contexto del caso de la muerte de Lissette Villa y de los apremios ilegítimos que habrían sufrido una serie de menores del Centro de Reparación Especializada de Administración Directa (CREAD) Galvarino.
Sin embargo, ante el Séptimo Juzgado de Garantía se dio una discusión respecto de la idoneidad del Consejo de Defensa del Estado como querellante en esta causa.
La abogada querellante María Elena Santibáñez, que representa a la Fundación para la Confianza, mencionó una serie de argumentos, mas se concentró en la querella que este órgano presentó por la muerte de Lissette Villa. Planteó que la calificación jurídica que estableció el Consejo, un cuasidelito de homicidio, estaría en concordancia que lo que plantea la defensa de los múltiples imputados relacionados con este hecho.
En cambio, el Ministerio Público y el resto de los querellantes afirman que lo sucedido con la menor en abril del 2016 se trata de apremios ilegítimos (o tortura) con resultado de muerte. El Instituto Nacional de Derechos Humanos también mencionó esa situación.
Sin embargo, el fiscal a cargo de la causa, el jefe regional de Los Lagos Marcos Emilfork, hizo alusión a múltiples ocasiones en las que el ente persecutor envió oficios dando cuenta de los antecedentes de este caso. Hizo presente que fue el 7 de junio del 2016 cuando enviaron al Consejo de Defensa del Estado los antecedentes de la muerte de Lissette, y la instancia les habría planteado que presentarían una querella en los próximos días. Esto recién ocurrió a fines de septiembre del 2017 cuando el Consejo sí presentó una querella, pero por un delito distinto al que plantea el Ministerio Público.
Además, otro cuestionamiento a la idoneidad de la calidad de querellante del CDE radica en una solicitud para que el Consejo se hiciera cargo de la defensa del Sename en este caso. Hugo Herrera, sucesor de Marcela Labraña después de que renunciara por el caso Lissette, envió un oficio ese mismo 7 de junio solicitando que “esa instancia pueda asumir la defensa judicial de este Servicio”. Finalmente esto no prosperó.
El Ministerio Público además hizo presente que ofició al mismo Consejo de Defensa del Estado el 3 de agosto del 2017 el inicio de la arista “violación de secreto” de parte del ex director del Servicio Médico Legal Patricio Bustos. En esta arista también se indaga si es que la actual consejera del CDE, Javiera Blanco, y la ex directora del Sename, Marcela Labraña, tuvieron acceso a las reales razones del deceso de Lissette pese a que públicamente manifestaron que su muerte tuvo otros motivos.
El juez Ponciano Sallés finalmente rechazó la solicitud de excluir al Consejo de Defensa del Estado ya que no veía, a nivel de proceso, situaciones que justificaran la remoción del ente estatal en este caso.
La abogada Jacqueline Stubing manifestó que “entonces nos parece a lo menos curioso que el Consejo de Defensa del Estado, a días de cerrarse el plazo de investigación o de al menos comenzar una discusión de ampliación de plazo, haga esta presentación de querella. Pedimos diligencias respecto a que una de sus consejeras actualmente prestara declaración en Fiscalía, cosa que ya ocurrió, pero estas diligencias aún están en curso. La pregunta es por qué ahora al Consejo le parece apropiado participar en un proceso que nunca le interesó”.
Respecto de una posible imputación a Javiera Blanco, Stubing estimó que será interesante ver el rol que tendría la institución en ese escenario: “si se sientan en el banquillo de la víctima o del acusado”.
El fiscal Marcos Emilfork, tras destacar que se acogió la ampliación del plazo de investigación en 180 días, enfatizó que lo único que hicieron en la audiencia fue mencionar datos objetivos para que se tomara una determinación sobre el Consejo. Si acaso el Ministerio Público tiene o no una postura ante esta situación, el jefe regional de Los Lagos contestó que “siempre, yo como fiscal personalmente, con la fiscal Érika Vargas y el fiscal Marcello Sambucetti, tendremos una posición muy clara… vamos a llegar al fondo. Con los querellantes o sin los querellantes. Tenemos un compromiso con Lissette y con los demás niños”.
Asimismo, Emilfork descartó que les genere algún problema la calificación de cuasidelito de homicidio que planteó el Consejo de Defensa del Estado en el caso de Lissette.
“Nosotros nos mantendremos firmes en nuestra posición, de que los niños que están en una institución, bajo custodia del Estado, y que son golpeados por funcionarios públicos, no se trata de un delito común. Se trata de un delito contra los Derechos Humanos de los niños más vulnerables de nuestro país y eso nosotros lo vamos a sostener hasta el final”, remarcó.
