Un importante vuelco sufrió en esta jornada la investigación por las muertes de niños que han ocurrido bajo el amparo del Sename, ya que el Séptimo Juzgado de Garantía determinó –tras una solicitud de algunas defensas de este caso– excluir como querellante al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH).
En resumidas cuentas, uno de los argumentos que se consideró para esta decisión es que había en este caso dos entes representantes del Estado, el INDH y el Consejo de Defensa del Estado.
La actitud de ambas entidades ha sido distinta a lo largo de este caso, por ejemplo a la hora de calificar la muerte de la menor Lissette Villa como resultado de apremios ilegítimos (o tortura) versus lo que estimó el CDE, el que en su querella estima que se trató de un cuasidelito de homicidio. Ambas calificaciones jurídicas son distintas. La segunda es de una gravedad menor que la primera, e incluso lo que plantea el Consejo es idéntico a lo que afirman algunas defensas de las personas imputadas por la muerte de la niña.
Así las cosas, en esta jornada el magistrado Ponciano Sallés acogió excluir como querellante al INDH, lo que a juicio de Ramón Flores, abogado de la imputada Jessica Ramírez, beneficia a su defensa.
La Fiscalía, en voz de la persecutora Érika Vargas, manifestó su sorpresa ante la decisión del Séptimo Juzgado de Garantía. “Cabe señalar que el INDH ha sido un querellante bastante activo en esta causa, pero no nos perjudica en el sentido de que el Ministerio Público va a continuar con la misma calificación jurídica en relación a todos los hechos”, planteó Vargas.
Una de las situaciones que ha generado suspicacias respecto de este caso tiene que ver con la presencia de Javiera Blanco como consejera del CDE. Blanco ofició como Ministra de Justicia cuando estalló la crisis del Sename –dependiente de la citada cartera ministerial– y actualmente se indaga su rol en un posible delito de violación de secreto de parte del entonces director del Servicio Médico Legal, Patricio Bustos, y de la ex directora del Servicio, Marcela Labraña. La cuestión que se intenta esclarecer es si las mencionadas autoridades estaban al tanto o no de los motivos de la muerte de Lissette Villa, mientras vertían declaraciones respecto de ese tema.
El que Blanco esté en el Consejo “genera ruido” según lo que manifiestan algunos intervinientes del caso Sename, pese a que desde el mismo CDE insisten en que la ex titular de Justicia no tiene nada que ver con esta causa, ya que está abocada a otras materias.
Respecto de un posible cambio de la condición de Blanco en este caso, el Ministerio Público, a través de la fiscal Vargas, manifestó que “no entendemos que exista algún inconveniente en relación a la calificación de alguna persona que en algún minuto esté de testigo y en otro como imputado. Sin embargo estas son decisiones institucionales de cada una de las instituciones, en este caso del CDE”.
El abogado Pablo Rivera, que representó en esta jornada al Instituto Nacional de Derechos Humanos manifestó que se encuentran evaluando el curso de acción a seguir. “Claramente entendemos que hay un principio de especialidad y en casos de muerte en custodia y Derechos Humanos, por la ley que crea el Instituto somos competentes para ser parte de casos de este tipo y a la hora de presentar querella. Sucede todos los días en distintos tribunales del país que hay coexistencia entre el CDE y el INDH hasta el fin de las causas. Nos parece raro este incidente”, especificó.
