habrían causado la muerte a Lissette Villa, como por situaciones que habrían sufrido otros menores.
“Hemos podido demostrar de mejor manera los hechos por los cuales hemos formalizado a personas que participan en hechos de apremios ilegítimos respecto de Lissette y de hechos que afectan a otros niños del Centro. Básicamente se refiere a un encuadre de hechos respecto de las personas que ya están formalizadas”.
De esta forma la fiscal Erika Vargas, parte del equipo dirigido por el jefe regional de Los Lagos Marcos Emilfork que indaga las muertes de menores al amparo de Servicio Nacional de Menores (Sename) precisa a T13.cl lo que ocurrirá el próximo 19 de octubre, cuando 10 personas enfrentarán una audiencia de reformalización ante el Séptimo Juzgado de Garantía.
Las imputaciones del Ministerio Público apuntan a presuntos apremios ilegítimos con resultado de muerte respecto de Lissette Villa, situación en la que estarían involucradas ocho personas, así como también otros tres funcionarios del Sename, a los que se les comunicarán cargos por el mismo delito, pero contra otros menores dependientes del mismo Centro de Reparación Especializada de Administración Directa (CREAD) Galvarino.
Asimismo, en la audiencia mencionada se discutirá una posible ampliación de plazo, la que cobra relevancia según la fiscal Vargas ya que “existen varias diligencias pendientes cuyos resultados estamos esperando”.
La persecutora se refirió también a la querella del Consejo de Defensa del Estado (CDE), institución que optó por presentar cargos por cuasidelito de homicidio en vez de “torturas” que es lo que, en pocas palabras, imputa el Ministerio Público.
Para la fiscal “el Ministerio Público desde que decide formalizar por el delito de apremios ilegítimos, tiene el convencimiento de que efectivamente los hechos por los que ha formalizado son apremios ilegítimos, y no se encuadran en la figura de cuasidelito que señala el CDE (…) sin perjuicio de que el Ministerio Público nunca se cierra a la posibilidad de evaluar otra hipótesis".
"Pero hasta el momento, respecto de las personas formalizadas, respecto de distintos niños y en particular respecto de la niña Lissette, es que entiende la Fiscalía que estamos en frente a la figura típica penal del artículo 150 A, esto es apremios ilegítimos cometidos por funcionarios públicos, respecto de niños que están privados de libertad”, agregó.
