Por Alfonso Concha y Francisco Valenzuela
Cerca de las 4 de la mañana del 11 de febrero del 2016 Rechel Contreras, de 11 años, sufrió la descompensación que posteriormente le causaría la muerte.
La menor llevaba cerca de tres meses viviendo en la Residencia REM PER Villa Padre Alceste Piergiovanni, en la localidad de Quinta de Tilcoco, después de que un Tribunal de Familia determinara que debía quedar bajo el cuidado del Servicio Nacional de Menores (Sename).
Pese al lupus eritematoso sistémico complejo que sufría –que exige evitar la exposición al sol, el cuidado permanente, de mano de un estricto suministro de medicamentos– se le incluyó en un paseo a Pichidangui. “Es la directora de este centro, quien asume, negligentemente, el traslado de esta niña a un centro vacacional, sin las condiciones de salud necesarias, y que eran requeridas por la menor”, manifiesta a T13 el fiscal adjunto de Puerto Montt Patricio Poblete, quien participará en la audiencia de comunicación de cargos contra María Teresa González Catejo, quien estaba a cargo de la residencia del Sename, y contra la cuidadora de la niña, Sonia Gaona Sotelo.
De acuerdo a lo que planteará el equipo de persecutores que encabeza el fiscal regional de Los Lagos, Marcos Emilfork, los motivos de la muerte de la menor fueron el que su descompensación no fue tratada oportunamente y la demora en su traslado desde el centro vacacional al hospital de Los Vilos. A las 11:35 horas fue su fallecimiento a raíz de una sepsis bronco neumonía.
Sin embargo, los delitos que serán comunicados ante el Juzgado de Garantía de Los Vilos también incluyen un componente más.
Ante un Tribunal de la República, María Teresa González Catejo representó al centro que dirigía, a la hora de discutir la situación del caso, a lo largo de los días 6, 7 y 8 de julio del 2016. Allí, de acuerdo al Ministerio Público, González Catejo habría presentado un documento falso llamado “Entrega de medicamentos Pichidangui 2016 desde el 4 de febrero al 25 de febrero de Rechel Contreras Vera”. El documento especificaba que a la menor debían suministrarle dos dosis diarias de 200 mg. de hidroxicloroquina, como lo prescribió el médico tratante. El documento contaba con la firma de los funcionarios de la residencia Juan Cáceres y Sonia Gaona.
El problema es que el documento verdadero prescribía la misma posología del medicamento, pero consideraba 400 mg. en vez de 200. Ante esta situación, la imputada González Catejo, previo a la audiencia del 8 de julio, les habría exigido a los funcionarios mencionados que modificaran el documento y elaboraran uno nuevo. Éste informe nuevo fue el que se presentó ante el tribunal.
“La directora del centro siempre ha tenido una defensa durante sus actuaciones, pero lo cierto es que ella debe dar explicaciones acerca de las razones de por qué realizó este acto (…) los antecedentes que maneja la Fiscalía dan cuenta inevitablemente la comisión de un delito criminal, al menos en este estadio procesal, en lo que refiere a la presentación de un documento falso ante un tribunal”, especifica Poblete, el que enfatiza en que “la cuidadora, por ley, es la directora del centro, de un hogar de menores, respecto de esta niña (…) esto resulta aún más grave cuando se trata de personas cuando por ley tienen el cuidado de los niños”.
Los delitos que se indagan son cuasidelito de homicidio para ambas y presentación de documentos falsos sólo para González Catejo. La pena que arriesgan oscila entre los 61 días a tres años de presidio.
