La Corte de Apelaciones de Arica ordenó la apertura de una investigación administrativa contra el juez de garantía Héctor Barraza, quien accedió a entregar la identidad de los testigos reservados en la causa contra miembros del Clan Los Gallegos, un brazo operativo del Tren de Aragua.
Fue durante este viernes que el pleno de ministros del tribunal de alzada se reunió de manera extraordinaria y dictó la apertura de la investigación administrativa.
La decisión se adoptó para buscar establecer la forma en que se desarrolló la audiencia en que el juez penal accedió a la solicitud de las defensas de entregar la identidad de los testigos reservados, agentes encubiertos y víctimas protegidas que figuran en la acusación contra los miembros del Clan Los Gallegos.
La presidenta de la Corte de Apelaciones de Arica, Claudia Arenas, señaló que "al mismo tiempo se ordenó al Comité de Jueces del Juzgado de Garantía para que, en el uso de sus facultades, determine si abre una investigación administrativa a los funcionarios y al administrador del tribunal para determinar si hubo algún tipo de responsabilidad o infracción en la forma en que se cumplió la resolución dictada por el juez Barraza que autorizaba el acceso a las defensas al nombres de los testigos protegidos o agentes encubiertos".
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Cabe mencionar que el Ministerio Público ya había abierto una investigación penal contra el juez Héctor Barraza, puesto que el haber ordenado la entrega de identidades de los testigos protegidos en el denominado Caso Los Gallegos podrían ser constitutivos de delito, por la entrega de información reservada.
El Fiscal Nacional, Ángel Valencia, notificó la apertura de la investigación penal de oficio, buscando determinar si se cometieron delitos relacionados a la entrega de identidades.
Por esa arista, se designó al fiscal regional de Tarapacá, Raúl Arancibia, quien dirigirá la investigación y ejercerá la acción penal; y también se garantizaría la protección de las víctimas y testigos, en caso de ser necesario.
Esta nota da cuenta de un proceso judicial que se encuentra actualmente en tramitación. Una vez finalizado, él o los involucrados en este reportaje podrían ser declarados inocentes, y/o los cargos desestimados según su mérito. En conformidad a la ley chilena , ninguna persona será considerada culpable ni tratada como tal en tanto no fuere condenada por una sentencia firme.
