La Corte de Apelaciones de Antofagasta confirmó el arresto domiciliario total y arraigo nacional de la concejala Paz Fuica Contreras, imputada como autora de tres delitos de fraude al fisco, perpetrados en 2022, en el marco de convenios suscritos entre el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) y la Fundación Democracia Viva.
En fallo unánime, la Segunda Sala del tribunal de alzada rechazó los recursos de apelación presentados por el Ministerio Público en contra de la resolución, dictada por el Juzgado de Garantía de Antofagasta, que dejó sin efecto la prisión preventiva que cumplía Fuica Contreras, por considerar que dicha medida resulta desproporcionada.
“Considerando que la imputada no tiene condenas previas y que prestó declaración permitiendo acceso a medios de comunicación privados, y más allá de que lo alegue o no la defensa, permiten vislumbrar dos eventuales atenuantes, lo que sumado al hecho que siendo la participación imputada accesoria a la de aquellos que ya se encuentran en libertad, la medida que pesaba sobre la misma pasa a ser desproporcionada”, sostiene el fallo.
Según la Fiscalía, Fuica Contreras se concertó con los imputados Daniel Francisco Andrade Schwarze y Carlos Andrés Contreras Gutiérrez para suscribir tres convenios de manera irregular entre el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y la Fundación Democracia Viva, representada legalmente por Andrade Schwarze con el objetivo de intervenir en obras menores en asentamientos precarios.
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Los convenios fueron suscritos entre octubre y diciembre de 2022 y que implicaron la transferencia de fondos públicos por un total de $426.00.000.000.
Andrade era el representante legal de la fundación, Contreras se desempeñó como seremi de Vivienda al momento de los hechos y la actual concejala Paz Fuica fue la encargada territorial de la diputada Catalina Pérez.
Esta nota da cuenta de un proceso judicial que se encuentra actualmente en tramitación. Una vez finalizado, él o los involucrados en este reportaje podrían ser declarados inocentes, y/o los cargos desestimados según su mérito. En conformidad a la ley chilena , ninguna persona será considerada culpable ni tratada como tal en tanto no fuere condenada por una sentencia firme.