Por orden del Ministerio Público, la Policía de Investigaciones (PDI) realizó distintos allanamientos en la región del Ñuble, incluido el edificio del Gobierno Regional, en el marco de indagaciones por el Caso Convenios.
La Brigada Investigadora de Delitos Económicos llegó hasta el Gobierno Regional del Ñuble para realizar pesquisas en la investigación que es dirigida por el fiscal regional de Aysén, Carlos Palma.
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Dicha gobernación es investigada por un convenio suscrito con la Fundación ProCultura, compañía que es investigada por otros contratos suscritos con otros gobiernos regionales.
Incluso, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) ya presentó una querella criminal contra la representante legal de la Fundación ProCultura, María Constanza Gómez, por el delito de apropiación indebida.
En aquella acción judicial se acusa a la fundación por la firma de cuatro convenios con la Seremi de Vivienda de Antofagasta, en el marco del Programa de Recuperación de Barrios, por una suma que ascendió a los 545 millones de pesos.
En el caso del Ñuble, el convenio suscrito superó los 260 millones de pesos
