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Cómo se gestó la polémica libertad condicional del principal acusado en el caso Ámbar

Cómo se gestó la polémica libertad condicional del principal acusado en el caso Ámbar
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En 2016 Hugo Bustamante fue uno de los 788 reos -de un total de 800 postulantes- a quienes la Corte de Apelaciones de Valparaíso les concedió este beneficio. El alza de libertades otorgadas en ese entonces motivó un cambio legal que entró a regir en 2019. Esta es la historia de la entrega del beneficio y las cifras sobre la reincidencia en el sistema penal chileno.

¿Cómo se explica que un hombre que fue condenado a 27 años de cárcel por el femicidio de su pareja y el asesinato del hijo de esta pueda acceder a un régimen de libertad a solo 11 años de su reclusión?

Este fue, en suma, uno de los debates que se instaló la tarde del jueves luego que se encontrara el cuerpo de Ámbar Cornejo, la joven de 16 años desaparecida en Villa Alemana -región de Valparaíso- desde el 29 de julio.

Sus restos fueron hallados en un cooler que se encontraba en el domicilio que compartía Denisse Llanos, madre de Ámbar, con Hugo Bustamante Pérez, sindicato como el presunto responsable de la muerte y que este viernes será formalizado por homicidio. 

La última vez que se supo de Ámbar, había ido a buscar su pensión. Según han contado sus cercanos, no le gustaba ir a la casa de su madre, quien la había abandonado para vivir con Bustamante. Pero además de esto, la joven rechazaba a la pareja de Llanos, porque sabía de su pasado judicial. 

La historia del "asesino del tambor"

Y es que Bustamante era conocido en la zona como "el asesino del tambor", tras el crimen cometido en 2005 y donde degolló a su ex pareja, Verónica Vásquez, para luego estrangular al hijo de ella, Eugenio Honorato, de solo 9 años. Ambos cuerpos fueron ocultados en un tambor de 200 litros con agua, yeso y cal. Sus restos fueron encontrados en posición fetal, juntos y con sus rostros envueltos en plástico. Esta vez, fue un cooler donde habría depositado los restos de Ámbar.  

"¿Si quedaras en libertad podrías volver a cometer el mismo delito?", fue la pregunta que le realizó el periodista Carlos Pinto a Hugo Bustamante en 2006, cuando su crimen inspiró un episodio del programa "Mea Culpa". 

"Lo he pensado, también me he cuestionado, y a ciencia cierta no tengo una respuesta. No podría decirle: no, es imposible que yo volviera a vivir una situacion parecida. Pienso que no, pero también digo: bueno, y si en un momento determinado exploté de esta manera...frente a cierto tipo de situaciones, ¿explotaré nuevamente? Y eso sí que es angustiante", dijo en esa oportunidad. 

El "boom" de libertades condicionales que benefició al imputado del crimen de Ámbar

Tal como explica a T13.cl la académica de Universidad de Chile, Olga Espinoza, la libertad condicional es un régimen de larga data en el mundo -donde funciona desde hace tres siglos- y que en Chile se remonta a 1925. 

La experta en seguridad ciudadana y sistemas penitenciarios explica que el sistema se sustenta en la lógica de la progresividad. "En la medida que las personas vayan manifestando su distancia de la actividad delictiva y vaya generándose un proceso de reinserción, se da la posibilidad que estas personas puedan -antes del cumplimiento total de su condena- acceder a cuotas de libertad, que están condicionadas al desarrollo de ciertas actividades y al acompañamiento de profesionales que permitan el retorno seguro de la persona a la comunidad".

Hasta 2012 las libertades condicionales eran otorgadas por las Seremías de Justicia, es decir, por autoridades nombradas por los gobiernos. Sin embargo en una reforma impulsada por la anterior administración de Sebastián Piñera, se entregó esta facultad a la Comisión de Libertad Condicional, compuesta por miembros del Poder Judicial. Esto, se explicó en su momento, para otorgar mayor objetividad al proceso y dejar de lado criterios políticos. 

Aunque los números varían año a año, fue en 2016 cuando se registró un verdadero "boom" de entrega de libertades condicionales, pasando de 2.276 concedidas en 2015 a 4.609. Y fue la región de Valparaíso la que presentó la mayor alza, pasando de 108 beneficios en 2015 a 1.128. 

De esos más de mil beneficios otorgados en 2016 en la región de Valparaíso, 788 fueron entregados durante la revisión que se realizó en el mes de abril, donde un total de 800 reclusos pidieron la revisión de sus antecedentes. Uno de ellos, Hugo Bustamante, quien en ese entonces cumplía 11 años de reclusión. 

Un reportaje de la Revista Sábado reconstruyó en ese entonces la entrega de la libertad condicional al "asesino del tambor", dando seguimiento a su proceso de reinserción tras dejar el sistema carcelario.

Es ahí donde se cuenta cómo la jueza Silvana Donoso -quien presidía la comisión de la Corte de Apelaciones de Valparaíso encargada de hacer la revisión de los casos- generó un acuerdo con los otros jueces para determinar los parámetros a considerar en la entrega de libertades condicionales.  

El reportaje señala que decidieron ceñirse al pie de la letra de la ley vigente en ese entonces: o sea, que todos quienes registraran buena conducta y tuviesen la mitad de la pena cumplida podrían acceder al beneficio. Aunque Bustamante no cumplía el segundo requisito, jugaba a su favor un decreto que fijaba la posibilidad de conceder la libertad al cumplir 10 de 20 años de presidio. 

Sin embargo, había un informe de Gendarmería que no recomendaba la entrega del beneficio a Bustamante, a quien calificaban como un "interno que requiere intervención y un mayor período de observación intrapenitenciario, ya que las variables psicosociales determinan un pronóstico incierto". 

La jueza Donoso -quien recordaba el caso del "asesino del tambor"- le preguntó a sus pares si preferían retroceder y fijar nuevos parámetros para ver los casos. El Sábado cuenta que cuando cotejaron el informe de Bustamante con el de otros reos los párrafos eran idénticos. 

Finalmente, un 90% de los reos que solicitaron el beneficio en la región de Valparaíso durante ese proceso pudieron acceder a él. 

La situación generó revuelo mediático y preocupación en el Congreso, donde incluso el entonces presidente de la Comisión de Constitución del Senado, Pedro Araya, ofició y citó al entonces presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmetsch, para conocer los criterios que primaron al momento de conceder las libertades. 

Sin embargo, el titular del máximo tribunal consideró "no pertinente" acudir al Congreso, argumentando que el sistema de otorgamiento de las libertades condicionales se realizaba de acuerdo al marco legal. 

"Fue un año complejo porque se aprobó un número altísimo de libertades condicionales y se otorgó incluso a personas condenadas por delitos sexuales. Y se generó toda una polémica", recuerda Araya en conversación con T13.cl.

La reforma que elevó los requisitos para acceder a la libertad condicional 

Fue producto de esto que se presentó un proyecto de ley que elevó los requisitos para acceder a la libertad condicional, y que entró en vigencia en enero de 2019. 

En concreto, la nueva ley exige:

  • Tener cumplida la mitad de la suma de todas las penas impuestas.
  • Una conducta calificada como "muy buena" en los cuatro bimestres anteriores a la solicitud
  • Y contar con un informe favorable de reinserción social

Por otro lado, la nueva normativa establece que solo se podrá solicitar la libertad condicional al cumplir dos tercios de la pena a quienes cumplan condenas por delitos de femicidio, violación de personas mayores de 14 años y el homicidio de integrantes del Cuerpo de Bomberos de Chile, en ejercicio de sus funciones.

Es decir, de haber regido una forma como esta, Hugo Bustamante difícilmente habría accedido a la libertad condicional. 

Sin embargo, advierte Olga Espinoza, no se han dictado los reglamentos para operativizar esta ley. Por lo tanto, no existe aún la figura del delegado de libertad condicional, que debiera acompañar a quien recibe el beneficio.

“Las libertades condicionales son resorte exclusivo de la comisión compuesta por el poder judicial en base a recomendaciones de Gendarmeria. Hace ya bastante tiempo que advertimos el otorgamiento masivo de libertades condicionales flexibilizando criterios. Es evidente que hay casos donde más allá de la conducta en el recinto penal no debería permitirse la salida de criminales enfermos que asesinan o violan menores”, señala a este medio el senador PPD Felipe Harboe.

En tanto, los diputados UDI Nicolás Noman y Osvaldo Urrutia, emplazaron al Poder Judicial y a la Corte de Apelaciones de Valparaíso a explicar los motivos de por qué se otorgó la libertad a Bustamante. Junto con esto, pidieron al Ministerio de Justicia que revise los procedimientos para acceder a dicho beneficio.

¿Cuál es la reincidencia de quienes reciben la libertad condicional?

La eventual reincidencia es uno de los elementos que suele rodear cualquier debate sobre las libertades condicionales.

Sin embargo, Olga Espinoza señala que diversos estudios muestran que las personas que acceden a este beneficio reinciden en menor porcentaje que quienes dejan la prisión tras cumplir la totalidad de su condena.

De hecho, un análisis de la Fundación Paz Ciudadana cifra en un 23,4% la reincidencia de quienes cumplen un régimen de libertad condicional. En tanto, la cifra de reincidencia se eleva a un 58% en quienes dejaron la prisión tras cumplir su condena de manera total, sin beneficios. La cifra, sin embargo, corresponde al año 2013, pues no se han realizado cruces más recientes. 

Para la académica de la Universidad de Chile se requiere dotar a Gendarmería de mejores herramientas técnicas para mejorar la calidad de los informes de reinserción, para evaluar los riesgos de comisión de nuevos delitos. 

Junto con esto, plantea que se requiere de un "acompañamiento riguroso" de las personas que acceden a la libertad condicional, pues no basta con una firma mensual.

Espinoza, además, señala que si bien en medio de la conmoción del caso de Ámbar pueden surgir propuestas para endurecer el sistema, se debe "apuntar al fondo del asunto antes de buscar una respuesta simplista que pueda entorpecer toda la lógica del sistema de cumplimiento de penas, que es apuntar a la progresividad para poder garantizar mejores posibilidades de reinserción social". 

En este sentido, Pedro Araya, señala que "el sistema de vigilancia sigue siendo deficiente. No tenemos un buen sistema que permita hacer un seguimiento real de las personas que han sido beneficiadas".

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