Esta mañana se inició el traslado de la mayor parte de los 33 condenados por los crímenes de cinco frentistas hacia la Cárcel de Colina 1, que por primera vez recibirá a sentenciados por casos de derechos humanos.
Las sentencias del juez Mario Carroza obedecen al caso por las muertes de Julián Peña Maltés, Alejandro Pinochet Arenas, Manuel Sepúlveda Sánchez, Gonzalo Fuenzalida Navarrete y Julio Muñoz Otárola, secuestrados en septiembre de 1987 con el objetivo de intercambiarlos por el coronel Carlos Carreño, plagiado por el Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), en lo que se considera el último acto represivo de la DINE y la CNI durante la dictadura.
Finalmente, una vez liberado el militar en Brasil, en diciembre de ese año, se decidió que los cinco fueran asesinados y arrojados al mar por el Comando de Aviación del Ejército.
Dado que la capacidad del penal Punta Peuco se encuentra prácticamente completa, con excepción de cinco plazas que serán ocupadas por este caso, se optó por trasladar a los restantes sentenciados a Colina 1, donde tendrán un módulo acondicionado especialmente para recibirlos y estarán aislados del resto de la población del recinto.
Mientras tanto, la única mujer involucrada será derivada al Centro Penitenciario Femenino.
Entre los condenados se encuentran 13 que ya cumplen penas por otros delitos. Entre ellos se está Álvaro Corbalán, quien recibió 15 años, el mismo tiempo que Hugo Salas Wenzel.
Sentenciados a 10 años fueron Iván Quiroz Ruiz, Gonzalo Maas del Valle, Raúl Durán Martínez, Luis Santibáñez Aguilera, Víctor Ruiz Godoy, Juan Jorquera Abarzúa, Hernán Vásquez Villegas, Sergio Mateluna Pino, José Fuentes Pastenes, Juan Carlos Orellana Morales, Roberto Rodríguez Manquel, Alejandro Astudillo Adonis, José Salas Fuentes, Heraldo Velozo Gallegos, Marco Antonio Pincheira Ubilla, Jorge Ahumada Molina, José Morales Morales, Ema Ceballos Núñez, Patricio González Cortés, César Acuña Luengo y René Valdovinos Morales.
Mientras que Luis Arturo Sanhueza Ross, Manuel Morales Acevedo, Manuel Ramírez Montoya, Aquiles Navarrete Izarnótegui, Fernando Rojas Tapia, Julio Cerda Carrasco, Marco Antonio Bustos Carrasco, Hugo Prado Contreras y Rodrigo Pérez Martínez deben cumplir presidio por cinco años y un día. Mario Campos Valladares, en tanto, recibió tres años y un día, que deberá purgar bajo libertad vigilada.
Raúl Meza, abogado defensor, manifestó su preocupación por la seguridad de los familiares que visiten a los reos. “Hay un solo ingreso (a la cárcel) y, a mi juicio, no está garantizada ni la integridad física ni la vida de las visitas”, manifestó.
