“Buscan meter el caso debajo de la alfombra”: Crearán comisión investigadora por denuncia de violación grupal en sede de Cobreloa
Agencia Uno - Acusación contra cadetes de Cobreloa
La Comisión de Deportes y Recreación de la Cámara de Diputadas y Diputados llevó a cabo una sesión para abordar la denuncia de violación por parte de un grupo de cadetes de Cobreloa en la “Casa Naranja”, sede del club, que habría ocurrido en septiembre de 2021.
La sesión se realizó de forma secreta con el fin de proteger a la víctima, y recibió a diversas autoridades como el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero; la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana; el ministro del Deporte, Jaime Pizarro; el presidente de la ANFP, Pablo Milad; el director General de la PDI, Sergio Muñoz; el presidente del Comité Nacional de Arbitraje Deportivo, Eduardo Arévalo; y el presidente del Club Cobreloa, Marcelo Pérez.
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Los hechos ocurrieron el 17 de septiembre de 2021. Sin embargo, a la fecha no existen imputados en la arista penal, ni tampoco sanciones o medidas internas de parte del club.
Según relató la joven afectada, la agresión sexual se registró en el contexto de una fiesta en la que se consumió alcohol y drogas, oportunidad en la que un grupo de cadetes abusó de ella.
La víctima entregó voluntariamente su testimonio ante el grupo parlamentario, optando porque este incluso fuera público. Lo anterior porque pese a realizar en su momento las denuncias, estas no prosperaron, debido al ocultamiento del tema.
Lamentó la protección otorgada a los involucrados y la falta de gestión de la PDI. Explicó que incluso se le instó a no perseverar debido a que su contraparte “tendría mejores abogados”.
El diputado Andrés Giordano, integrante de la comisión, contó que escucharon “un sinnúmero de argumentos que buscan meter este caso debajo de la alfombra, que nos hablan de que no se tomaron medidas diligentemente por parte del club, que no se investigó, que hasta el día de hoy no se conocen por parte del club los nombres de los involucrados, cuando efectivamente todos los antecedentes apuntan a que esta información se conoció oportunamente y simplemente no se actuó”.
“Parte de nuestro objetivo al decidir oficiar al Comité Nacional de Arbitraje Deportivo, es entender que los protocolos que hoy día no se han aplicado, no pueden, bajo pretexto de distintos requisitos legales, simplemente no aplicarse. Estamos muy atentos a la resolución que tendrá que emitirse dentro de los próximos días por parte del comité para que efectivamente se establezcan las responsabilidades que le competen a los directivos y a quienes debieron haber actuado para proteger a esta víctima y lamentablemente no lo hicieron”, agregó.
A raíz de esto, la diputada Marisela Santibáñez (PC) anunció la creación de una Comisión Especial Investigadora para abordar el caso, sobre lo que afirmó tener “la certeza de que de la derecha a la izquierda, desde los Republicanos hasta el Partido Comunista, van a estar con sus firmas a disposición para llevar a cabo esta investigación”.
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También expuso ante la instancia María Elena Saavedra, madre de un excadete que fue separado de la institución, tras apoyar la denuncia.
Precisó que, posterior a esta, no hubo respuesta del Ministerio del Interior ni de otra autoridad. A ello se agrega que el caso quedó en conocimiento de la dirigencia de la ANFP, organismo que no desarrolló ninguna acción.
Lo propio manifestó el abogado Rodrigo Toledo, quien explicó que no se acogieron las denuncias, no se activaron protocolos ni se entregó atención a la víctima.
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Tras la denuncia las y los legisladores aprobaron el envío de una serie de oficios de fiscalización. Estos serán dirigidos a la ANFP, la PDI, el Ministerio Público y los ministerios de la Mujer y Justicia.
Asimismo, se buscará obtener una respuesta de parte de la dirigencia de Cobreloa. Lo anterior considerando que hay jugadores que hoy están en el plantel profesional, que acaban de subir a primera división y que fueron parte de esta violación.
Adicionalmente la comisión pedirá acompañamiento de parte del Estado para la joven, considerando su permanente revictimización.
