La promesa fue no interrumpir el tránsito en las carreteras y menos afectar la red de distribución sobre todo de productos básicos. Pero esa promesa de los dirigentes camioneros quedó en nada este lunes, después de detectarse cortes en la ruta, imposibilidad de mover remedios y bencina, afectación de calefacción en la zona sur por falta de insumos; y problemas en los puertos, específicamente con carnes y granos, donde toneladas no se pudieron descargar, afectando la alimentación de animales y, por consiguiente, de toda la cadena. Y ahora se desarrollan fiestas en la ruta y un camión atropelló a uno de los manifestantes.
Todo un conflicto que se hace más molesto y más grave en plena pandemia, y cuando el mecanismo de presión de los camioneros para conseguir sus demandas lleva instaurado décadas en nuestro país: el paro.
Varios parlamentarios de oposición presionan al ministro del Interior, Víctor Pérez, para que tome medidas concretas y frene el paro de camioneros que hoy concreta su sexto día, pero que según sus más altos dirigentes podría extenderse por más de un mes, si el gobierno no cede a sus demandas.
¿Puntos de consenso?
El lunes a primera hora el Ejecutivo entregó una nueva propuesta al gremio, algo que surgió después de que “ambos bandos” negociaran durante todo el fin de semana y hasta primera hora de ayer un acuerdo, cuyo punto de partida era dar grados de seguridad a los camioneros y sus familias con foco en la macrozona, en la Araucanía, donde se habían producido hechos de violenta concretos, y conocidos públicamente.
De los 10 puntos reclamados por los gremios, el gobierno aceptó ocho: garantizar un monto de $5600 millones de pesos para infraestructura policial; establecer 38 cámaras de seguridad en las autopistas; además de lectores de patentes para rastrear autos robados; dos áreas de descanso con seguridad, y algo que al ejecutivo le costó ceder: el compromiso de presentar un proyecto de ley para crear un fondo de reparación para víctimas de violencia en la zona, lo que implica gasto fiscal.
Según fuentes de gobierno, todo eso quedó pactado, después de que los líderes gremiales solicitaron algunos cambios de forma, y después de sellar el entendimiento a eso de las 8.30 de la mañana del lunes, lo único que faltaba era conversar el acuerdo con las bases. Sin embargo, pasadas las 11 de la mañana, las cosas se volvieron más complejas, y los líderes camioneros respondieron no sólo que no había un acuerdo, sino que no había un acuerdo en ningún punto.
“Todo lo conversado, lo debatido, cada uno de los acercamientos quedó convertido en nada, y para colmo tampoco llegaron con una contraoferta, lo que en plena crisis sanitaria, es bien irresponsable”, dice uno de los ministros que participó este lunes en el comité de emergencia encabezado por el titular de Interior, y varios otros ministros, asesores e intendentes, en donde se puso en conocimiento de los avances y retrocesos de la negociación, y se solicitó actuar de modo de garantizar “la normalidad” entre los chilenos, algo no tan sencillo, considerando que ya han habido problemas de abastecimiento y de circulación.
El otro conflicto que se viene
La idea del gobierno es monitorear con la información que cada uno de los ministerios debe entregar 3 veces al día y ver si hay algún cambio de opinión en el gremio.
El tema es sumamente complejo porque además representa la antesala de una batalla incluso más delicada, porque toca los “privilegios económicos” de los camioneros: a fines de septiembre el gobierno analizará todas las exenciones que existen en Chile, incluidas las de los camioneros, beneficios que ellos han defendido con garras desde hace década, con tres puntos estratégicos.
El primero es que el impuesto al diésel es mucho más bajo que el de las gasolinas ($ 75 pesos por litro versus $ 300 pesos por litro) cuando el diésel contamina mucho más. Si se sube ese impuesto –privilegio de los camioneros- para igualarlo al de las gasolinas, la recaudación sería de US$1670 millones al año. “Esto es lo correcto de hacer, y ahora no hay excusas porque Chile necesita recursos para paliar esta crisis”, dice un destacado economista, experto en temas tributarios.
El segundo punto relevante, que será parte de la discusión es que además de que el impuesto es más bajo, a los camioneros se les devuelve hasta el 80% del impuesto, así que ni siquiera pagan los $75 por litro que paga el resto. “Eso es una pérdida de recaudación de US$106 millones al año”, dice una fuente del gobierno.
El tercer elemento que se intentará eliminar es que los camioneros, además de algunos otros sectores, pagan impuestos por renta presunta en vez de pagar por sus utilidades o ingresos reales como el resto de los contribuyentes. Eso es una pérdida de recaudación de alrededor de US$160 millones al año, lo que implica que de reducirse estas medidas instauradas hace año el fisco podría percibir cerca de US$ 2.000 millones adicionales al año.
