Representantes de 164 gobiernos adoptaron el lunes el Pacto Mundial sobre Migración, un acuerdo que fue calificado como un movimiento "histórico" por Naciones Unidas para "prevenir el sufrimiento y el caos".
Gran parte de los países miembros de la ONU apoyaron el acuerdo en una conferencia internacional en Marrakech, Marruecos, tras 18 meses de negociaciones, pero dos países latinoamericanos decidieron no hacerlo: Chile y República Dominicana.
Brasil, por su parte, anunció que se saldrá del pacto en enero, cuando Jair Bolsonaro asuma la presidencia del país.
El documento incluye medidas contra la trata de personas o la separación de las familias de los migrantes y contempla 23 objetivos, entre ellos el fortalecer la cooperación internacional para una migración segura, ordenada y regular y "minimizar los factores estructurales" que obligan a las personas a abandonar sus países de origen.
El acuerdo no es vinculante, pero despertó recelos entre diversos países que decidieron no apoyarlo, entre ellos Estados Unidos.
La aprobación definitiva se producirá el 17 de diciembre en la sede de la Asamblea General de Naciones Unidas, en Nueva York.
En América Latina, Chile y República Dominicana fueron los únicos países que rechazaron este acuerdo global. Estas son las razones que ofrecieron sus gobiernos.
El no de Chile
Roberto Ampuero, ministro de Relaciones Exteriores de Chile, hizo una declaración oficial para explicar su negativa a sumarse al pacto en la que aseguró que "el texto discutido en Naciones Unidas choca con las normas de Chile para tener una migración segura, ordenada y regular".
Añadió que "cada país es soberano de fijar sus reglas de migración" y que "Chile no se adherirá a nada que pueda ser usado en su contra y que atente contra su soberanía".
Otro de los argumentos esgrimidos por el gobierno de Sebastián Piñera es que el documento no distingue entre migrantes regulares e irregulares.
El presidente Piñera se refirió a la no adhesión al pacto en sus redes sociales.
Los partidos de la oposición acusaron al ejecutivo de tener un comportamiento "vergonzoso y autoritario".
Sin embargo, Ampuero añadió: "Nadie puede decir que Chile está en contra del multilateralismo y los derechos humanos".
"Nosotros decimos que la migración no es un derecho humano", aseguró Rodrigo Ubilla, subsecretario del Interior de Chile, al diario El Mercurio.
"El derecho lo tienen los países de definir las condiciones de ingreso de los ciudadanos extranjeros. Si fuera un derecho humano, entonces estamos en un mundo sin fronteras. Creemos firmemente en los derechos humanos de los migrantes, pero no que migrar sea un derecho humano".
Chile se desvinculó del pacto un día antes de que se votase formalmente.
"Desbordar" los recursos
República Dominicana también esgrimió el factor de la soberanía y el control de sus propias fronteras.
El gobierno dominicano explicó que adoptar el pacto "generaría compromisos al Estado dominicano que podrían socavar su capacidad para hacer valer sus normas migratorias e implementar con eficacia las políticas migratorias que el cumplimiento de esas normas exige".
Aseguró también que firmar un acuerdo como este "requiere de un consenso básico en la sociedad dominicana que no parece existir en las actuales circunstancias".
El documento donde el gobierno expuso sus razones contiene una referencia a Haití: "En el contexto particular de nuestra isla, [el acuerdo implicaría cargas que] podrían desbordar con creces nuestros recursos", dice.
El pacto "crearía compromisos internacionales" que limitarían la capacidad del Estado dominicano de responder a situaciones fronterizas resultado de las "condiciones estructurales y los procesos políticos y sociales que se viven en el país vecino".
Otros países que se oponen
El pacto comenzó a gestarse en 2016, cuando los 193 estados miembros de la ONU reconocieron en una declaración una responsabilidad compartida para gestionar grandes movimientos de refugiados y migrantes.
Pero en diciembre pasado, Estados Unidos anunció que se desvinculaba del pacto por considerar que era "incoherente" con sus políticas migratorias.
Y otros países europeos decidieron desde entonces desvincularse del acuerdo.
Finalmente, otros países mostraron su oposición al acuerdo, se retiraron del mismo o dijeron necesitar más consultas internas: Australia, Italia, Austria -que ostenta en la actualidad la presidencia de la Unión Europea-, Eslovaquia, Israel, Hungría, Polonia, Bulgaria y República Checa.
