BBC: Los remotos pueblos de Chile cuyos habitantes tienen miedo de denunciar a los curas
BBC: Los remotos pueblos de Chile cuyos habitantes tienen miedo de denunciar a los curas
ADVERTENCIA: Este artículo contiene imágenes que pueden ser consideradas como perturbadoras.
En el café de la plaza central de San Vicente de Tagua Tagua suena "Like a Virgin" de Madonna.
El local es el centro neurálgico de esta ciudad de 47.000 habitantes, ubicada en el centro sur de Chile. Acá la mayoría se conoce y durante los últimos días uno de los temas recurrentes entre sándwiches que van y vienen es la suspensión del párroco del pueblo, acusado de participar en una red de sacerdotes ligada a la prostitución y abuso sexual de menores conocida como "La Familia".
San Vicente es una metrópolis comparada con los pueblos aledaños.
Rodeados por la Cordillera de la Costa chilena, las nubes de un invierno adelantado cubren pueblos esparcidos entre viñas y plantaciones.
Son lugares remotos, unidos por una modesta carretera conocida como "de la fruta" en honor a su principal uso: transportar los camiones de fruta hacia sus puertos de exportación. Con pocos miles -a veces solo cientos- de habitantes, en estos pueblos los curas son autoridades casi tan o más importantes que los alcaldes.
Pero tras la denuncia de una testigo, Elisa Fernández, en un reportaje de la estación de televisión chilena Canal 13, la apacible zona se convirtió en el epicentro de un nuevo escándalo en la Iglesia católica chilena.
14 sacerdotes fueron suspendidos de sus funciones mientras se realiza una investigación canónica sobre "La Familia" (también conocida como "La Cofradía") y el histórico obispo de la diócesis, Alejandro Goic, fue el cuarto al que el papa Francisco le aceptó la renuncia luego de que todos los obispos chilenos se la presentaran en mayo pasado por los reiterados y expandidos escándalos de abuso sexual.
La justicia penal, por su parte, también investiga los hechos y tiene actualmente 17 imputados investigados por la eventual comisión de delitos y por encubrimiento.
"He llorado mucho"
"He llorado mucho", le dice una feligresa de San Vicente a BBC Mundo justo antes de entrar a su misa diaria. Ha sido catequista de primera comunión por 30 años y ha conocido varios curas que han pasado por el pueblo. Está impactada.
La parroquiana, que pide no se revele su nombre, cuenta que no era muy cercana al religioso suspendido. "Desde que llegó, se dedicó a promover la pastoral juvenil", quitándole prioridad a otras actividades, asegura.
Tratamos de hablar con la secretaria parroquial para obtener más detalles, pero el silencio es absoluto. "Cualquier cosa vaya al obispado de Rancagua y pregunte allá", nos dice y aclara que no hay sacerdote a cargo ni misas diarias.
Sin embargo, 15 minutos después aparece un sacerdote a hacer el servicio de las 12 pm al que asisten unas 10 personas.
Intentamos acerarnos a él al terminar, pero se encierra en la sacristía. "Se fue el padre", nos dice una mujer recién salida de misa, insistiendo en que nos vayamos.
Sin embargo, otra nos aclara que la sala no tiene otra salida más que en la que estamos. "Tengo que cerrar", dice el mayordomo invitándonos a salir.
"Podemos estar apesadumbrados, tristes, pero nunca derrotados", comenta la catequista del principio y dice que espera que los tribunales hagan justicia.
Tras la denuncia de Elisa Fernández, la fiscalía abrió una causa que incluyó una medida inédita: la incautación de documentos de los tribunales eclesiásticos ante la negativa del representante del Vaticano de entregar información.
"La razón de la incautación de todas las investigaciones canónicas previas fue la existencia de un sistema de investigación paralelo llevado por y ante la Iglesia católica relativo a delitos cometidos contra menores de edad", le explica a BBC Mundo Emiliano Arias, el fiscal regional a cargo del caso.
Este sistema "aumenta el riesgo de que los imputados destruyan los medios probatorios y de que estos mismos influyan en otras víctimas o testigos". Este sistema paralelo, al no compartir los antecedentes con la justicia penal, "genera impunidad".
Ni rastro de los curas
Los viñedos decoran el camino entre San Vicente y Peumo, la segunda localidad que visitamos.
La parroquia de este pueblo es una de las más antiguas de Chile. Con más de 350 años, por ella han pasado distinguidos personajes de la historia local. Pero ahora está cerrada. No hay cura, ni secretaria, nadie, excepto la persona de la limpieza que amablemente nos contesta que volvamos después.
Al lado de la casa parroquial se ubica "la parcela del cura" como la denominan los locales, un terreno patronal muy superior en tamaño a la vivienda de un peumino promedio. Pero del líder espiritual ni rastro desde que explotó el caso.
El párroco de Peumo también está en el grupo de los imputados.
Hasta el alcalde está sorprendido. "El más interesado en saber [de la supuesta red] soy yo", le comenta a BBC Mundo desde la Municipalidad, ubicada frente a la iglesia. Su preocupación no es menor; el religioso se desempeñaba como profesor de filosofía de uno de los liceos locales.
Siguiendo la ruta 37 kilómetros hacia el norte llegamos a la ciudad de Las Cabras.
Aquí la parroquia es relativamente moderna, reconstruida luego de un terremoto que afectó la zona en 2010.
Esta pequeña ciudad, probablemente desconocida para muchos chilenos, saltó al ojo público luego del testimonio de una víctima de violación. El hecho pasó hace años y no está relacionado con la cofradía de "La Familia", pero muestra la reacción de la Iglesia ante las denuncias de abusos contra sacerdotes.
Daniel tenía 7 años cuando comenzó a ser abusado por el sacerdote del pueblo. De eso hace más de 30 años, pero las secuelas son evidentes.
"Yo tuve que hacer sexo oral debajo de una sotana", cuenta.
Tratando de lidiar con sus fantasmas y sin querer perder la fe, decidió ir a hablar con el obispo Goic, quien accedió a recibirlo. "Yo no buscaba justicia. Después de 30 años y con el cura muerto, buscaba perdonar y poder seguir adelante", le cuenta Daniel a BBC Mundo.
Sin embargo, la reacción del obispo, según el actual peluquero, lo dejó perplejo.
"Se puso a llorar. Después me empezó a preguntar, con morbo, que qué me hacía y al final me preguntó si tenía pruebas. ¿Qué quería? Que le trajera la camioneta, el confesionario, la loma [lugares donde asegura que el sacerdote lo violaba] ¡pasaron 30 años!", continúa Daniel, con lágrimas en los ojos.
"Yo no pedía nada, sólo necesitaba que me escucharan y perdonar. Pero nada. Él solo quería 'pruebas'".
El cura que ayudó a Daniel a acercarse al obispo era, a su vez, párroco de un pequeño poblado cercano a Las Cabras que pasaría desapercibido del mapa si no fuera por su cercanía con Rapel, un centro de veraneo habitual de gente acomodada de misa dominical.
Por eso la sorpresa cuando se anunció que el párroco estaba también en la lista de los suspendidos e investigados por la justicia. Daniel lo defiende y asegura que no tiene nada que ver con la denuncia.
La capital del surf y del silencio
Conocido internacionalmente por sus olas perfectas para el surf, la vida en Pichilemu más allá de la primavera y el verano es tranquila. Tal como en los pueblos anteriores, sus habitantes se conocen y su párroco, el padre P, está en la lista de la red investigada.
Esta vez la parroquia no está en la plaza central, sino en la parte alta de la ciudad y su estructura se asemeja más a una galería comercial que a los templos de los pueblos anteriores.
"A mí ya no me gusta la Iglesia. El cura es como patrón de fundo [hacienda]. Anda siempre hablando que tiene plata y conoce a pura gente influyente", asegura una oriunda de la ciudad que encontramos en la calle. No quiere ser nombrada en este reportaje precisamente por miedo a que el religioso tome medidas en su contra.
Preguntando por el padre P, nos dicen que visitemos Ciruelos, una localidad "muy querida" por el sacerdote.
A Ciruelos se llega por un camino rural y sus casas están esparcidas a través de esta ruta. No hay plaza ni centro social. Tampoco encontramos al padre P, pero sí nos topamos con algo que llama la atención: una moderna iglesia en medio del bosque.
En el templo de San Andrés caben alrededor de 200 personas, el doble de la población de Ciruelos, según datos de la Municipalidad.
Con forma de casa patronal, también fue reconstruido tras el terremoto, con un costo de $100 millones de pesos (unos US$153.500). Fue financiado por el ministerio de Cultura, la municipalidad de Pichilemu y donaciones. A su inauguración en 2012 fueron ministros, senadores y líderes locales ¿El anfitrión? El padre P.
Pero lejos de la parafernalia, en un día de semana de otoño, los únicos que se ven alrededor de la iglesia son una pareja que para su auto para sacarse fotos en el inmenso parque ubicado frente a la casa patronal; y el equipo de BBC Mundo.
Sin donde caerse muerto
Para tanta pomposidad, resulta curioso que los parroquianos de Pichilemu no tengan dónde enterrar a sus muertos. "Te cobran. El cementerio es de la Iglesia y si no tienes cómo pagar te dicen que no lo entierran", cuenta una mujer en las cercanías del templo quien, una vez más, pide no ser identificada por temor a las represalias.
Una práctica común dentro de los lugares visitados.
"Una vez hubo un indigente sin familia y el cura nos dijo que había que conseguirse la plata, si no, no lo enterraba", comentan en otro pueblo.
Hay gente que incluso ha tenido que pedir créditos y endeudarse. Es un secreto a voces, pero nadie se queja por miedo a las represalias.
Miedo que carcome
Ni en Pichilemu ni en ningún otro pueblo quieren hablar sobre los religiosos investigados a rostro descubierto.
"¿Me está grabando?", pregunta reiteradamente una mujer con la que conversamos. "No". "No les creo", insiste. Sólo confía una vez que apagamos los teléfonos y le mostramos que en los bolsos no hay grabadoras.
Dice que el padre P es amo y señor en el pueblo, que tiene muchos contactos, que era cercano a un juez histórico del pueblo, pero que ya no está. "No me vayan a nombrar, que después la agarra con mi familia", insiste la mujer.
No es la excepción sino la regla. De todas las personas con las que conversamos ninguna quiso que su nombre saliera publicado. Algunos ni siquiera nos lo dieron.
Y esa reticencia no es sólo hacia periodistas, también hacia las autoridades.
El fiscal Arias lo confirma: "La dificultad de denuncia o de cooperación con la justicia penal se da en el contexto del abuso de conciencia y de autoridad que ejercen o pudieren ejercer los sacerdotes imputados. Hay casos en que el abusador es incluso confesor de la víctima".
"Son endiosados, una autoridad más en estos pueblos. Está el alcalde, el teniente de la comisaría y ellos. Son parte de la familia, toman té, almuerzan en tu casa, te casan, bautizan a tus hijos, sepultan a tu gente- ellos juegan con eso", le dice a BBC mundo Elisa Fernández, la denunciante que destapó el caso de "La Familia".
Elisa pasó años trabajando para la pastoral juvenil de la región. Conoció de cerca a los sacerdotes investigados, quienes se trataban entre ellos con apelativos femeninos que hacían alusión a relaciones familiares: la abuela, las tías, las hijas y las nietas. De ahí el nombre de la red.
"Ahora te hace ruido, pero en esa época tú lo normalizabas", le dice a BBC Mundo.
"Su comportamiento era de mucha cercanía y confianza con los jóvenes. Los abrazaban por la espalda, les hacían cariño en el cuello, les pegaban palmadas en el trasero, jugaban al pillarse", le cuenta Elisa a BBC Mundo.
Pasaron años, pero cuando uno de sus antiguos compañeros de la pastoral juvenil terminó detenido por abuso sexual, muchas cosas le hicieron ruido. "Me empecé a preguntar, ¿y dónde están los otros?" Fue entonces cuando decidió denunciar ante la iglesia la situación.
Cuatro veces se reunió con el renunciado obispo Alejandro Goic, incluso le entregó una lista de sacerdotes a quienes acusó de estar involucrados en la red. "Siempre era lo mismo, me pedía que le trajera pruebas. Que sin pruebas no podía hacer nada".
Ante la negativa de la Iglesia a investigar por "no tener pruebas", Elisa decidió encontrarlas. Creó un perfil falso de Facebook haciéndose pasar por un adolescente de 17 años y agregó a uno de los sacerdotes que acusa pertenece a la red.
No tuvo que esperar mucho. El padre L, párroco de otra comuna rural llamada Paredones, comenzó a mandarle mensajes de texto y audios con contenido sexual. "Suelte un poquito el elástico y le aseguro que le saco los calzoncillos de un puro golpe", se escucha en uno de ellos.
El sacerdote además le envió fotos desnudo al supuesto menor a las que BBC Mundo tuvo acceso.
La publicación en televisión de estos audios, junto con la confesión del párroco frente a las cámaras fue el principio del fin de la red de sacerdotes denunciada por Elisa.
"Tengo la esperanza que los resultados de la investigación generen confianza en las personas que hayan sido víctimas o testigos de abusos y concurran a la Fiscalía", le comenta el fiscal Arias a BBC Mundo.
Es precisamente en Paredones donde termina nuestro viaje. Ya oscureció y este poblado de 6.200 habitantes parece una ciudad fantasma. A pesar del golpe del escándalo del padre L, todo sigue como siempre. Todo excepto la horda de periodistas que ha inundado el pueblo tras la denuncia.
BBC Mundo pidió entrevista con el obispo Alejandro Goic cuando todavía era la máxima autoridad eclesiástica de la zona, sin embargo su jefa de prensa aseguró que no podía por "problemas de agenda" y solicitó un cuestionario para recibir por escrito. Tras el envío por correo electrónico, nuevamente se excusó, diciendo que la información estaba siendo entregada a la justicia. Menos de dos semanas después, el fiscal Arias allanaba los archivos eclesiásticos tras la negativa de colaborar de la Iglesia.
También intentamos contactar a los párrocos de los pueblos mencionados sin éxito. El único que contestó el teléfono fue el padre F quien se excusó. "Tenemos prohibido hablar", aseguró respecto de la orden de sus superiores eclesiásticos.
* Este artículo fue realizado con la colaboración de Daniel Pizarro.
