Interrupciones en su servicio tuvo el Metro de Santiago luego de que desconocidos arrojaran neumáticos incendiados a las vías de las estación Santa Julia de Línea 4a y en las vías cercanas a la estación Los Presidentes de Línea 4, por lo que el total el servicio no estuvo funcionando por cerca de una hora en esos lugares.
Ante este ataque, el ministro del Interior, Andrés Chadwick, convocó a una reunión junto a la intendenta de la Región Metropolitana, Karla Rubilar, el fiscal Raúl Guzmán y autoridades representantes de ambas policías. A la salida del encuentro, Rubilar informó que el Gobierno decidió querellarse por estos actos invocando a la Ley de Seguridad del Estado, haciendo hincapié en lo que dicta la letra del artículo 6 de la normativa, que considera delitos contra el orden público.
¿Qué es y cómo surgió la Ley Seguridad del Estado?
En diálogo con T13.cl, la académica de Ciencias Penales de la Universidad de Chile y ex directora de DD.HH de la misma casa de estudios, Myrna Villegas, detalló en qué consiste esta norma: "Lo primero es que estas leyes tienen penas más altas porque pertenece a un orden de leyes penales especiales, que yo les llamo 'las leyes que pertenecen al campo penal político'".
No obstante, para la abogada es importante conocer el origen de la normativa, que data de 1958, para poder configurar su invocación. "Es una ley que fue establecida para neutralizar de alguna manera las disidencias políticas. Tuvo sus orígenes con la Ley de Defensa Permanente de la Democracia, la 'ley maldita' de (Gabriel) González Videla, la inmediatamente antecesora de esta ley", dijo.
"Toda la normativa dice relación con delitos que se comenten en el curso de rebeliones o en el curso de protestas generalizadas. En general son delitos contra la seguridad interior del Estado y ahí hay una gran diferencia, porque hay que mirar cuál es la finalidad de las personas al momento de ejecutar el delito", agregó.
Penas más altas
Villegas detalló que, según lo que dicta la letra c del artículo 6, que invoca el Gobierno en su querella, las penas por estos delitos pueden ir desde presidio menor en su grado máximo -3 años y un día a cinco años de prisión- a presidio mayor en su grado mínimo -5 años y un día a 10 años de prisión-.
Estas posibles condenas son significativamente mayores a las que se consideran si se acude a la legislación penal común, donde la docente detalló que sí es que hubo daños superiores a 4 UTM pero inferiores a 40 UTM (190 mil a 1,9 millones de pesos), los responsables se exponen a una pena de entre 541 días hasta 5 años de cárcel, además de una multa de 11 a 20 UTM (525 mil a 954 mil pesos), según se indica el artículo 485 del Código Penal. Todo esto, sin considerar las agravantes que pudiesen existir para ambos casos.
Villegas detalló que también existen otras alternativas. Por ejemplo, si se incendiaron los neumáticos con una bomba molotov se podría invocar la Ley de Control de Armas.
De todas maneras, la abogada recalcó que lo importantes es poder comprobar que los responsables querían afectar la seguridad Interior para que se configure la invocación de la ley.
"En general, así como corolario, no tiene mucho sentido una Ley de Seguridad del Estado en una democracia. Las leyes de seguridad del Estado son más propias de los gobiernos autoritarios que de las democracias", plantea la académica.
Ley de Seguridad del Estado por interrupción de servicio
Finalmente, Villegas precisó que un caso en que se invocó a la Ley de Seguridad del Estado tras una interrupción de servicio del Metro ocurrió en 2015 cuando trabajadores en huelga legal del Transantiago ingresaron a las vías en la estación Los Héroes provocando la detención de trenes en cuatro estaciones de la Línea 1.
"En el caso de estos trabajadores del Transantiago, y por el hecho de que no prosperó esto, es porque efectivamente no había finalidad política detrás, no había finalidad de alterar la seguridad interior en sí misma ni el orden constitucional. En este caso, era una finalidad netamente reivindicativa", aseguró sobre dicha situación.
