De forma unánime la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley que mejora el funcionamiento del Registro de Inhabilidades para trabajar con menores de edad, enviándolo a su segundo trámite en el Senado.
Entre otras cosas, el proyecto establece el deber de los fiscales de solicitar siempre la pena de inhabilitación absoluta perpetua para trabajar con menores de edad a quienes cometan delitos sexuales contra ellos.
Asimismo, se pide a los fiscales impugnen aquellas sentencias anteriores que no fijen las penas de inhabilitación absoluta perpetua, para todo aquel que agreda sexualmente a menores de 18 años.
"Es muy grave que haya personas condenadas por delitos sexuales contra menores, y puedan hacer clases en colegios, transportar escolares, o trabajar con niños, niñas y adolescentes en cualquier otra actividad", señaló el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín.
Y agregó que con esta iniciativa "buscamos proteger a las familias chilenas, para que sus hijos e hijas no se vean expuestos a relacionarse con personas condenadas por estos delitos, haciendo perpetua su inhabilidad para todo tipo de casos".
Además, el Fiscal Nacional deberá emitir un Informe Anual con las causas de condena por delitos sexuales contra menores de edad. A su vez, el Ministerio Público y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos deberán publicar el informe en sus respectivas páginas web, resguardando los datos de carácter personal.
Asimismo, la Corte Suprema deberá dictar un protocolo para comunicar las sentencias de condena al Registro Civil, con el objetivo de mantener actualizado el Registro General de Condenas.
Con el proyecto aprobado, las Seremías de Educación, y de Transportes y Telecomunicaciones de todo Chile, junto a la Superintendencia de Educación, podrán acceder a ambos registros, para controlar que los colegios no cuenten con personal que haya sido condenado por delitos sexuales contra menores, así como para fiscalizar que los transportistas escolares no hayan sido enjuiciados por estos delitos previamente.
En este sentido, el proyecto aprobado hace obligatorio que todos los años, en el mes de diciembre, el Ministerio de Transportes revise a toda la flota de transportistas escolares del país, para que sus conductores y acompañantes no tengan condenas por delitos sexuales contra menores, cancelándoles los permisos a quienes incumplan la normativa.
Según cifras oficiales actualizadas hasta el 31 de enero, un total de 8 mil personas se encontraban inhabilitadas para trabajar con menores de edad.
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