Amnistía Internacional emplazó a la Fiscalía para que se investiguen las eventuales responsabilidades de altos mandos y ex altos mandos de Carabineros en el marco de las violaciones a los Derechos Humanos durante el “Estallido Social” de 2019.
A través de un video, acusaron que durante los primeros 44 días tras el inicio de las manifestaciones se registraron al menos 1.500 personas lesionadas y unas 350 mutiladas por el actuar policial.
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En ese sentido, apuntaron que el ex general director de la policía uniformada, Mario Rozas, y el director de orden y seguridad de Carabineros, Ricardo Yáñez -actual cabeza de la institución-, “pudieron evitarlo, pero no lo hicieron”.
“Sancionar debidamente a los perpetradores de los crímenes es muy importante, pero esto no puede agotarse allí”, aseguró la directora ejecutiva de Amnistía Internacional Chile, Ana Piquer.
“Es fundamental también que se lleve a la justicia a toda la línea de mando que por omisión o falta de control de quienes estaban bajo su mandato, propiciaron que se produjeran los graves abusos que hemos conocido”, apuntó.
En tanto, la encargada de campañas para Sudamérica de Amnistía Internacional, Clara del Campo, reconoció que “es decepcionante que, tras más de 20 meses, sólo se hayan dado pequeños pasos para investigar a algunos de los mandos estratégicos de Carabineros, y ninguno en casos individuales".
"Existen fundadas razones para pensar que el ex general director y el entonces director de Orden y Seguridad, actual general director, podrían haber consentido la comisión de actos de tortura y malos tratos en contra de manifestantes, como casos tan graves como el de Gustavo Gatica o el de Fabiola Campillai", agregó.
