Amnistía Internacional presentó, este miércoles, su informe sobre los derechos humanos en nuestro país y en el mundo para el periodo 2020 – 2021. El movimiento global cuestionó el actuar del gobierno en distintas situaciones que involucraba a agentes del Estado, pero también al rol del gobierno en el manejo de la pandemia.
La organización dio cuenta de los hechos sucedidos los primeros meses de la pandemia, que coincidieron con protestas en las calles que continuaban desde el estallido social de octubre de 2019. Para el organismo, dirigido por Ana Piquer en Chile, la situación de los derechos humanos, no evolucionó en nuestro país en el último año.
“Lamentablemente, si observamos cómo estábamos hace un año, vemos que las cosas están igual o peor. Pero tenemos al frente a un gobierno que actúa como si nada pasara. Que ha dicho incluso ante Naciones Unidas que Chile ya ‘volvió a la normalidad’ después del estallido social, que sigue respaldando a carabineros sin ningún cuestionamiento, que reitera discursos que equiparan indebidamente protesta y delincuencia”, dice el documento encabezado por Piquer.
“La crisis de derechos humanos y la crisis sanitaria continúan, están presentes todos los días, pero desde el gobierno esto no se reconoce. Tenemos un gobierno que actúa como si el estallido social nunca hubiera sucedido, que no escucha ninguna crítica, que persiste en hacer lo mismo de siempre pese a que no resuelve ninguna de las crisis”, agrega.
El informe de Amnistía Internacional puntualiza también sobre lo que se vivió este último año en los hospitales con la pandemia de COVID-19. En este punto, se denuncia la desigualdad existente entre el sector público y el privado y se acusa un agotamiento mental de los profesionales, principalmente, de los hospitales.
“La crisis sanitaria, con el inicio de la pandemia en marzo de 2020, dejó en evidencia las mismas desigualdades por las cuales la ciudadanía estaba protestando. Pudimos constatar, por ejemplo, cómo trabajadoras y trabajadores de la salud de centros públicos de salud vivieron y siguen viviendo duras realidades, que no han tenido que vivir quienes trabajan en clínicas privadas”, explica el informe.
“Hubo profesionales de la salud que dijeron a Amnistía Internacional que, durante la fase aguda de la pandemia, habían trabajado en condiciones de falta de seguridad —sin suficientes equipos de protección individual y con elevados niveles de ansiedad— lo que puso en peligro su salud física y mental. También dijeron que podían recibir sanciones si hablaban públicamente de ello”, añade.
La pandemia no solo afectó a los trabajadores y trabajadoras de la salud, sino que también a la ciudadanía en general, que tuvo que confinarse para evitar contagios, lo que también demostró la inequidad social, según el informe.
“La sociedad chilena ya venía malherida con la violencia que recibió del Estado durante el estallido social, y ahora debió enfrentarse a un Estado que les deja poco margen para cuidarse frente a la pandemia. Quedarse en casa, cuidarse y vivir una cuarentena en buenas condiciones se volvió un privilegio más”, dice.
