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Control preventivo de identidad entra en vigencia

Control preventivo de identidad entra en vigencia
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Este martes se publicó en el Diario Oficial la Agenda Corta Antidelincuencia, que facilita la aplicación efectiva de penas en delitos de robo, hurto y receptación, y que regula el polémico mecanismo que permite a policías controlar la identidad.

Sin actos oficiales el gobierno promulgó la ley de Agenda Corta Antidelincuencia. La iniciativa que facilita la aplicación efectiva de las penas establecidas para los delitos de robo, hurto y receptación, y mejora su persecución penal, aparece publicada en el Diario Oficial de este martes. 

La publicación de la ley ocurre luego que el Tribunal Constitucional desestimara pronunciarse sobre el "téngase presente" interpuesto por el diputado PS Osvaldo Andrade, que buscaba objetar una de las normas más polémicas del proyecto: el control preventivo de identidad. 

Se trata de una facultad que se entrega a las policías para controlar la identidad de personas mayores de edad en lugares públicos o recintos privados con acceso al público, como por ejemplo discoteques y estadios. Buena parte del debate legislativo estuvo concentrado en las dudas de parlamentarios en torno a un eventual uso discrecional de la herramienta y posibles discriminaciones.

Según explicaron desde el Ministerio del Interior, con la publicación de la ley, las policías ya se encuentran facultadas para ocupar en el mecanismo en la medida que cuenten con los elementos tecnológicos para controlar la identidad "in situ". Si bien más adelante podrían sumar otros métodos, por ahora se utilizaría el lector de huella digital y el carnet de identidad para verificar la identidad de las personas en caso que se requiera. Avanza en la nota para ver cómo funciona el sistema.

"Es una norma que da mayores facultades a las policías, pero que implica un mayor responsabilidad. Es una herramienta que la policía va a tener que usar con ponderación si no quiere que se deslegitime", comenta a T13.cl el presidente de la asociación de fiscales, Claudio Uribe.

Por su parte la directora ejecuta de Paz Ciudadana, Catalina Mertz, recuerda que la entidad presentó un documento donde se analizaba el proyecto. 

"Hay algunos directores que estaban a favor de la norma, otros estaban en contra de que se regule y otros expresaban la necesidad de amplios resguardos y rendición de cuentas respecto de los resultados", explica a este medio.

En este sentido, Mertz señala que "lo relevante es que hubiesen habido mecanismos de reclamos conocidos, más allá de las estadísticas". La idea, dice, era poder contar además con análisis cualitativos de los reclamos.

¿Cómo funciona el control preventivo?

¿A quiénes se puede realizar? Sólo a mayores de 18 años.
¿Qué pasa si no hay cómo verificar si persona es menor de edad? Se determinó que, ante la duda, se presumirá que es menor de edad. 
¿Dónde? Sólo en lugares públicos o recintos privados con acceso al público, como por ejemplo discoteques, estadios. 
¿Puedo ser llevado a una unidad policial? El control sólo se podrá realizar "in situ", impidiendo que Carabineros lleve a la persona a una unidad policial. 
Duración del procedimiento Máximo una hora.
¿Cómo se verifica identidad? Cédula y otros documentos como credenciales. Adicionalmente, Carabineros podrá utilizar "medios tecnológicos".
¿Qué pasa si fallan los instrumentos verificadores o se cumple el plazo de una hora? Se deberá poner fin al procedimiento.

Los otros "riesgos"

Catalina Mertz plantea como una de las preocupaciones de Paz Ciudadana la posibilidad de un aumento en las tasas de reincidencia. 

Según explica, "al eliminar la posibilidad de otorgar atenuantes para determinar la pena en concreto implica que perfiles de personas que acceden a penas alternativas no van a acceder, personas de bajo perfil delictivo van a estar encarceladas, y ya está comprobado que encarcelar perfiles de bajo riesgo aumenta sus tasas de reincidencia".

Por su parte, el presidente de la Asociación de Fiscales advierte que "con el endurecimiento que significa la Agenda Corta Antidelincuencia pensamos que pueden aumentar mucho la complejidad de los procesos judiciales y hay que ver si el sistema está en condiciones de aceptar esto".

"Cuando se limita la posibilidad de llegar a juicios abreviados, desaparecen todos los estímulos para negociar, significa más horas. Es una incógnita si todos los intervinientes van a poder soportar eso", advierte.

Por otro lado, señala que "eventualmente podría aumentar la población carcelaria y hay que ver si las cárceles estén en condiciones de recibir a esa gente".

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