Fiscalía pide prisión preventiva para una médico cirujano y su hermano por "megafraude" a Fonasa
Fiscalía pide prisión preventiva para una médico cirujano y su hermano por "megafraude" a Fonasa
La Fiscalía del Biobío solicitó prisión preventiva para una médico cirujano y a su hermano acusados de cometer un "megafraude" contra Fonasa.
La Fiscal regional del Biobío, Marcela Cartagena y la fiscal anticorrupción, María José Aguayo, formularon cargos contra Paulina Carrasco Godoy por fraude al Fisco, mientras que a su hermano David Carrasco Godoy, se le imputa el delito de lavado de activos.
Los hechos se habrían desarrollado entre diciembre de 2019 y julio de 2020, cuando la facultativa mantenía convenio vigente con Fonasa, como prestadora de la modalidad de libre elección.
Cartagena describió que la imputada emitió 21.460 bonos, por concepto de 1.631.529 prestaciones, las cuales, nunca se realizaron y que fueron aparentadas respecto de 66 beneficiarios, por un total de $6.132.308.522.
La Fiscalía sostuvo que, incluso, la médico operó más de 7 mil bonos, por 71.310 prestaciones, registrándose ella misma como beneficiaria y prestadora a la vez, sin que estas se efectuaran.
El Ministerio Público también precisó que Carrasco, a sabiendas del fraude cometido por ella, realizó, desde Concepción, una serie de maniobras con el objetivo de ocultar y disimular el origen ilícito del dinero, para lograr introducirlos al sistema económico financiero formal para poder hacer uso de estos.
Para lo anterior, habría actuado junto a su hermano David en conocimiento del origen ilícito de los fondos y efectuó, desde La Serena, acciones coordinadas con la coimputada para blanquear el dinero.
El órgano persecutor dijo que la imputada realizó diversificación o estratificación de más de mil 400 millones en distintas cuentas bancarias personales, hermanos e hijos.
También se efectuaron 115 giros para retirar más de 319 millones de pesos en efectivo.
Asimismo, adquirieron diversos vehículos y realizaron múltiples inversiones.
Finalmente, con parte del dinero obtenido producto del megafraude, la imputada realizó transferencias electrónicas por un total de 381 millones de pesos a 18 instituciones benéficas del país.
