Por extemporáneo. Este fue uno de los argumentos por los cuales la Corte de Apelaciones de Santiago declaró inadmisible el recurso de protección presentado por la Defensoría de la Niñez en contra de un convenio firmado por el Servicio Nacional de Menores (Sename) y la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI).
Se trata de un documento firmado en el mes de febrero y que "facilitar a la ANI el acceso a información que posee el Sename que es relevante y pertinente para producir inteligencia y efectuar apreciaciones globales y sectoriales según las facultades que la ley ha otorgado a la ANI", y que ha generado rechazo de organismos como el INDH y la propia Defensoría, liderada por la abogada Patricia Muñoz (en la foto).
Sin embargo, la primera sala del tribunal de alzada desestimó por la unanimidad de sus miembros el recurso.
Esto pues, señalan, "de los antecedentes acompañados por el propio recurrente, aparece que el acto impugnado es de fecha dieciocho de febrero de dos mil veinte, y habiendo deducido el presente recurso con fecha veintidós de abril pasado, resulta ser extemporáneo, sin que por ello resulte suficiente invocar la recurrente que tomó conocimiento de dicho acto el veintiuno de abril del año en curso".
Pero más allá de esto, el tribunal de alzada estableció que tanto los antecedentes como lo que solicita la defensoría -dejar sin efecto el convenio- "exceden las materias que deben ser conocidas por el presente recurso, atendida su naturaleza cautelar".
Esto, pues, señala la corte, "se trata de aspectos convenidos entre entidades públicas dentro del ejercicio de sus funciones y contra las cuales existen mecanismos jurisdiccionales y administrativos que permiten perseguir el fin requerido mediante el presente arbitrio constitucional".
Tras conocerse el dictamen, la defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, anunció que buscará revertir el dictamen conocido este viernes: "No compartimos de manera alguna los fundamentos que se han explicitado en ese fallo", dijo.
El recurso de la Defensoría se suma a otro presentado por parlamentarios del Frente Amplio ante la Contraloría, cuyo dictamen se debiera conocer más adelante.
En tanto, un grupo de 27 parlamentarios de oposoción envió una carta al presidente de la Unicef para pedir el pronunciamiento del organismo respecto de eventuales vulneraciones a niños, niñas y adolescentes producto del convenio.
El Sename, sin embargo, ha descartado eventuales daños, señalando que el acuerdo les permite "garantizar confidencialidad y buen uso de los datos que se entreguen".
