Las Abuelas de la Plaza de Mayo mostraron su rechazo frente a la decisión de la Comisión Nacional de Refugiados (CONARE) argentina de revocar la condición de refugiado político a Galvarino Apablaza, implicado en el asesinato del senador Jaime Guzmán en 1991.
Luego de que se dictara la orden de captura internacional contra Apablaza, 10 organizaciones de derechos humanos expresaron por medio de un comunicado que la decisión del gobierno chileno por conseguir la extradición consiste en una persecución injusta e infundada, ya que afecta el derecho de defensa en juicio, garantizado por la Constitución argentina.
“La resolución tomada por la CONARE se convierte en un antecedente peligroso ya que significa abandonar la inveterada tradición de los gobiernos democráticos de nuestro país de ser tierra de paz y asilo para todas aquellas personas que son injustamente perseguidos en sus países de origen”, explicaron.
Asimismo, manifestaron que la resolución viola la ley argentina, puesto que esta establece que "una vez que una solicitud ha sido resuelta por la autoridad competente, la decisión adoptada no puede ser objeto de revisión a instancia de la misma autoridad”, a menos que exista “prueba suficiente que demuestre que el peticionante ocultó o falseó los hechos materiales sobre los que fundamentó su solicitud”.
“Advertimos que la resolución de la CONARE se da en el marco de una coordinación represiva con el Gobierno de la República de Chile que implica la intensificación de la represión de la protesta social y de los reclamos de tierras por parte de las comunidades mapuches en el sur de nuestro país”, concluyeron.
