Por Paula Comandari
El proceso que enfrentará mañana el suspendido fiscal regional de O’Higgins, Emiliano Arias, es uno similar al que vivió el propio fiscal Nacional, Jorge Abbott, cuando el año pasado el Frente Amplio intentó, sin éxito, destituirlo. La abogada de la máxima autoridad del Ministerio Público, Marisol Peña, solicitó 45 minutos para alegar por qué Arias debiera ser removido de su cargo, pero la Corte Suprema le dará 30 minutos, los mismos que justo después recibirá el abogado del fiscal regional, Cristóbal Osorio, para defenderse de las acusaciones.
La acusación se funda principalmente en ocho episodios de mal comportamiento. Entre ellos destacan el no haber iniciado investigaciones administrativas en casos de filtraciones y su rechazo constante de participar en los consejos convocados por el mandamás del Ministerio Público, lo que se traduciría en una histórica mala conducta, según la Fiscalía Nacional.
Además, se subrayan cuatro sucesos de negligencia manifiesta. Entre los más relevantes, se plantean la extracción de antecedentes del sistema interno de la Fiscalía, que tenían relación con eventuales delitos de drogas cometidos por su sobrino, y que según Abbott serían una falta grave al principio de probidad administrativa.
Todas las acusaciones son desestimadas tajantemente por la defensa del suspendido fiscal. Primero, sostienen desde su defensa, "porque la acusación por mala conducta no se condice con la realidad, considerando que el fiscal Abbott lo calificó con nota 6,7 en 2018". Y en el caso de su sobrino, argumentan, "porque lo único que Arias no hizo fue favorecer a su familiar, porque el hecho terminó en una denuncia en su contra, y con su posterior detención".
Sin embargo, son precisamente esos cargos los que volverán a ponerse sobre la mesa mañana. Son los cimientos de la acusación del fiscal nacional en contra de Arias, quien antes de convertirse en rival del jefe del Ministerio Público fue uno de sus subalternos predilectos, conocido por liderar varias de las causas más mediáticas de los últimos años, como las investigaciones vinculadas a los abusos de sacerdotes, el de tráfico de influencia de los ministros de la Corte de Apelaciones de Rancagua, el de los incendios en el sur, y el de Caval, entre varios otros.
En el proceso contra Arias fueron investigados un eventual tráfico de influencias en el caso Caval para favorecer al ex síndico Herman Chadwick, y a la nuera de la presidenta Bachelet, Natalia Compagnon; la supuesta obstrucción que habría realizado en la investigación en contra de Emilio Elgueta, quien fuera ministro de la Corte de Apelaciones de Rancagua; y la eventual obstrucción en la investigación por malversación de caudales públicos en el Teatro Regional Rancagua. Todos estos hechos, sin embargo, quedaron descartados por falta de pruebas. Por tanto, no son parte de la audiencia de remoción que se realizará mañana.
El veredicto se dará a conocer durante el día y estará en manos de 14 de los 21 ministros, que son los que estarán presentes en la audiencia. Como la votación es por mayoría simple, el fiscal nacional, necesita 8 de esos votos para que el destino juegue a su favor. Lo que suceda mañana marcará el fin de esta larga y acontecida historia que ha tenido al órgano persecutor en el centro del huracán.
