"El accionar de carabineros fue en un contexto de extrema violencia", aseguró el general inspector de carabineros, Diego Olate, en un intervención ante la comisión de Derechos Humanos del Senado, el pasado jueves 8 de octubre.
Ese día el representante del alto mando institucional realizó una férrea defensa del actuar de los funcionarios policiales durante las protestas del estallido social ocurrido hace un año, asegurando que "nadie estaba preparado para lo que ocurrió el 18 de octubre".
Olate aseguró que durante las masivas protestas, 500 cuarteles fueron atacados y 4.800 funcionarios resultaron lesionados. Cinco de ellos, aseguró, han perdido la visión en uno de sus ojos, sumándose a los más de 343 casos de civiles afectados por traumas oculares (según las cifras del gobierno).
Si bien desde T13.cl consultamos respecto de la identidad de los casos y las circunstancias en que ocurrieron dichos traumas oculares, desde la institución declinaron entregar mayores detalles, debido a que se trata de procesos cuyas investigaciones se encuentran en curso, y que en caso de requerir mayores detalles se necesitaría solicitar a la información a través de ley de transparencia, cuyos plazos legales exceden los tiempos de esta cobertura periodística. De todos modos, hubo dos casos que se conocieron a través de los medios: uno de ellos, aseguró la institución, ocurrió el pasado 7 de enero luego de un ataque a una subcomisaría en Lo Hermida, en la comuna de Peñalolén, y otro en agosto durante una manifestación en Curacautín, región de La Araucanía.
En cuanto a los procesos sancionatorios el general Olate aseguró que se han realizado más de 1.200 procesos administrativos y 499 sumarios, que culminaron con 171 imputaciones por faltas administrativas, 136 anotaciones en hojas de vida y 16 funcionarios desvinculados por "faltas graves a los protocolos y normas".
Cambio de protocolo para uso de escopetas antidisturbios
Desde la institución han destacado dos cambios en los reglamentos que regulan el uso de las escopetas antidisturbios. El principal fue anunciado a mediados de noviembre pasado, en medio del alza de casos de traumas oculares, y donde se comunicó que el uso de las escopetas antidisturbios quedaría acotado a casos excepcionales, donde existiera riesgo para la vida de funcionarios u otras personas. Aunque dicho ajuste fue comunicado y habría empezado a implementarse en los hechos desde noviembre, fue recién en junio de 2020 que quedó estampado en el protocolo 2.8.
Además, se hizo un cambio en las municiones utilizadas en manifestaciones: Si hace un año las escopetas calibre 12 mm disparaban 12 perdigones de 8 mm cada uno, ahora disparan 3.
"Desde la dictación de este protocolo no ha habido uso de la escopeta, no hemos tenido denuncias del uso de la escopeta, y la hemos restringido para un uso defensivo frente al riesgo de vida del carabinero o terceras personas", aseguró el pasado 8 de octubre el general inspector de Carabineros, Diego Olate.
Por otro lado, detalló el integrante del alto mando, más de 5 mil funcionarios han sido reentrenados en temáticas relacionadas con Derechos Humanos. "Como institución estamos mejor preparados y hemos realizado acciones para proteger a quien se desea manifestar en forma pacífica", aseguró Olate.
"Siempre ha existido un riesgo de este tipo de armamento", reconoce a T13.cl el comandante Marco Gutiérrez, quien es jefe del departamento de gestión en Derechos Humanos de Carabineros.
Pese a esto, Gutiérrez, enfatiza que las escopetas antidisturbios corresponden a un armamento menos letal, y que buscan enfrentar hechos de desórdenes graves y donde el paso siguientes es utilizar el arma de servicio. "Es un dispositivo avalado internacional y nacionalmente para uso uso", enfatiza.
"Siempre vamos a evitar el uso, pero hay situaciones que requieren su uso", explica el jefe del departamento de gestión en DD.HH de Carabineros.
Gutiérrez explica que los funcionarios autorizados para ocupar este tipo de escopetas "tienen que estar previamente validados para uso y portar una cámara corporal, y esa cámara está ceñida a instrucciones bastante estrictas".
"El tirador tiene que visualizar aspectos como la distancia, no debe apuntar a la parte superior del cuerpo", detalla.
- ¿Cual es la distancia mínima desde la cual se puede disparar esta escopeta?
"Eso no está regulado en los protocolos, no se establece una distancia numérica", asegura el representante de la institución.
Este ha sido uno de los temas que ha generado advertencias por parte de los académicos de la Universidad de Chile que publicaron un artículo científico en la revista Eye de Nature, donde plantean la necesidad de prohibir el uso de este tipo de armamento, debido a la "imprecisión" de la trayectoria de los perdigones y la probabilidad de provocar estallidos oculares incluso a distancias mayores a 30 metros.
De hecho, explica el oftalmólogo Álvaro Rodríguez, “incluso a 60 metros, con estos nuevos perdigones, igual existe un riesgo de generar un estallido ocular”.
“Y estamos hablando de un escenario donde los protocolos se cumplen, porque existen casos documentados de que los protocolos no se cumplieron y se disparó a distancias menores que las establecidas por el fabricante”, explica.
A esto se suma un peritaje revelado por Ciper y que fue realizado por la propia institución policial en el año 2012, que recomendó no disparar a menos de 30 metros debido al riesgo de provocar lesiones letales o estallidos oculares.
Consultado al respecto, el comandante Gutiérrez admite que "todo uso de un armamento tiene un riesgo asociado, yo no podría descartarle la posibilidad de que pueda ocurrir alguna situación que decante en alguna lesión".
Sin embargo, insiste que la distancia mínima para percutar la escopeta "no se puede precisar, porque el desarrollo de las operaciones es muy cambiante, variable, y se pueden dar situaciones de extremo cuidado o riesgo, tanto para el personal como para terceros".
"Entonces, quién debe evaluar es el personal experto, que está debidamente certificado. Y debe evaluar en base a la normativa que lo regula", dice a este medio.
Así las cosas, el funcionario debe poner en la balanza los escenarios y determinar si procede o no el uso del arma.
"La distancia no se cuantifica por un tema netamente operacional, porque pueden ser múltiples las situaciones que se pueden dar", reitera el encargado del área de DD.HH.
Carabineros se encuentra desplegando un plan preventivo de hechos de violencia en la antesala de la conmemoración del primer aniversario del 18 de octubre y el plebiscito que ocurrirá 7 días después.
En relación a este tema, el general Olate aseguró el pasado jueves que "como institución estamos mejor preparados y hemos realizado acciones para proteger a quien se desea manifestar en forma pacífica".
Sin embargo, advirtió: "aquellos que quieran expresar sus ideas o hacerlas prevalecer a través de la violencia, se va a encontrar con carabineros, que tiene la misión de restablecer el orden y dar eficacia al derecho".
A la fecha de la publicación de este reportaje existen tres ex funcionarios de Carabineros que han sido formalizados por los disparos a Gustavo Gatica, Fabiola Campillai y al auxiliar médico Brandon González.
En tanto, el pasado 28 de septiembre la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó 14 recursos de protección que buscaban prohibir el uso de municiones a todo evento por parte de las Fuerzas Especiales.
En dicho dictamen la undécima sala del tribunal de alzada argumentó que las manifestaciones ocurridas tras el 18-O “fueron de una violencia y entidad inusitada, que no fue posible de prever por parte de las autoridades administrativas y policiales”.
