Para el próximo 6 de enero está estimado el envío al Congreso de la reforma al seguro público impulsada por el gobierno y que considerará la fijación de plazos máximos para la atención de diferentes enfermedades, considerando variables como el pronóstico, la gravedad del diagnóstico y el riesgo de secuelas.
Lo anterior, y tras un análisis de diferentes patologías por parte de un consejo asesor, quedará agrupado en cuatro categorías que determinen el plazo tope de resolución dependiendo de lo establecido por especialistas en primera instancia y que quedará plasmado en un decreto con fuerza de ley.
Según indicó el ministro de Salud, Jaime Mañalich, a La Tercera que “en esta ley se establecen plazos, porque se pretende disminuir radicalmente las listas. Hoy, la espera para una cirugía No Auge puede llegar a tres años y para una interconsulta de especialidad son dos años. Eso se va a disminuir de manera muy importante, porque una vez fijado el plazo, si la persona no recibió la atención, adquiere el derecho legal a ser derivado a otro centro”.
El último punto señalado por el titular de la cartera hace referencia a otra arista del proyecto que permitirá que Fonasa pueda generar redes de prestadores que atiendan a los pacientes del seguro público y que serán definidos bajo criterios de especialidad y geográficos.
Esto quiere decir que si un hospital de referencia no cumple con el tiempo establecido de atención respecto de la categorización de la patología, el paciente podrá exigir ser derivado a un segundo prestador; de tal manera que en primera instancia, la atención corresponderá al hospital regional base, luego al pensionado del propio recinto, después los hospitales institucionales y universitarios y, finalmente, a las clínicas privadas.
Por su parte, el Presidente Piñera aseguró al mismo medio que la reforma, además, pretende la creación de “un plan universal de salud para todos, que le asegura a todo el mundo un plan básico de salud y, por encima de ello, podrá haber planes adicionales”.
Este Plan de Salud Universal tendría un costo de 70 mil pesos mensuales por persona y consideraría prestaciones preventivas, atenciones de urgencia, cobertura para medicamentos e insumos, Auge/GES y un seguro catastrófico.
