Es un conflicto que se arrastra desde hace décadas, pero que en los últimos días se ha tomado buena parte de la agenda política: la relación entre el Estado y los pueblos originarios, en especial la etnia Mapuche.
La huelga de hambre del machi Celestino Córdova y otros 10 comuneros quienes se encuentran cumpliendo condenas o medidas cautelares en recintos penitenciarios de las regiones del Biobío y La Araucanía ha desatado tomas de municipios, protestas callejeras y actos de racismo, como los registrados el pasado sábado, donde manifestantes llegaron hasta la sede comunal de Curacautín a exigir el desalojo de quienes tenían tomado el recinto. "El que no salta es Mapuche" fue uno de los cánticos que circuló por redes sociales, y que generó una condena desde diversos sectores.
La situación en La Araucanía ha concentrado parte de las actividades en el Congreso. Mientras que la comisión de DD.HH del Senado realizó una sesión especial para abordar el tema -y donde la ministra de Desarrollo Social, Karla Rubilar, anunció acciones legales por parte de la Conadi- la Cámara de Diputados aprobó la tarde del miércoles una Comisión Investigadora para abordar el actuar policial en la zona.
En momentos que la huelga de los comuneros se aproxima a los 100 días, el gobierno convocó a sus representantes a abrir un proceso de diálogo. Pero..¿qué piden los huelguistas y qué hay detrás de este conflicto? Estas son algunas claves.
Quiénes son y qué piden los huelguistas
Fue el 4 de mayo que el machi Celestino Córdova (un machi o una machi es la principal autoridad dentro de una comunidad o rewe, al ejercer el vínculo entre el mundo espiritual y terrenal) inició una huelga de hambre en la cárcel de Temuco, donde se encuentra cumpliendo una condena de 18 años de presidio al ser el único condenado por el homicidio del matrimonio Luchsinger-Mackay, quienes murieron calcinados tras un ataque incendiario en enero de 2013 a su domicilio, en Vilcún.
Con el paso de las semanas el estado de salud del machi se agravó, tras lo cual fue trasladado al hospital intercultural de Nueva Imperial. Fue en ese recinto que el pasado 22 de julio decidió dejar de ingerir líquidos luego que la justicia rechazara un recurso de protección con el que buscaba ser trasladado a su comunidad.
Horas antes otros miembros de la etnia Mapuche iniciaron una huelga en la cárcel de Angol. se trataba de Sergio Levinao, Víctor Llanquileo, Fredy Marileo, Juan Queipul, Juan Calbucoy, Danilo Nahuelpi, Antu Llanca y Reinaldo Penchulef. A ellos se sumaron otros 11 reclusos en Lebu.
En total son 20 presos quienes piden entre otras cosas una "aplicación efectiva" del convenio 169 de OIT, que fue suscrito por el Estado de Chile en 2008 y que entró en vigencia un año después. Es el artículo 10 de este documento donde señala que en caso de que se impongan penas de cárcel a miembros de pueblos originarios se deberán considerar "sus características económicas, sociales y culturales” y que “deberá darse la preferencia a tipos de sanción distintos del encarcelamiento”.
Hasta la fecha son 10 reclusos que, junto al machi Celestino Córdova, mantienen esta medida de presión por más de 90 días, presentando graves daños a su salud.
Salvador Millaleo, académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, explica a T13.cl que "un Estado no puede o no debe incumplir en ningún caso un Tratado de Derechos humanos".
"En Chile sí hay elementos en la ley indígena para que se consideren estos elementos al momento de imponer una condena, pero al momento de ejecutarla en un presidio también hay que tener consideraciones y Chile no lo hace. Y en ese punto los presos en huelga de hambre tienen razón desde el punto de vista de los DD.HH".
El investigador y experto en derechos originarios advierte que "Chile está en falta respecto de eso. Y no solo estamos hablando de estas personas que están en huelga de hambre, sino que respecto de cualquier preso que por un delito de cualquier índole -sin ninguna motivación política o contexto político- que sea perteneciente a algún pueblo indígena: de acuerdo a este tratado tiene derecho a lo que se ha llamado en la doctrina un tratamiento diferenciado en virtud de su condición indigena".
De este tratamiento diferenciado, explica Millaleo, existen varios ejemplos en la región, como es el caso de Peru, México y Colombia. En este último país, detalla, hay un "sistema en que indigenas deben optar entre cumplir en modulo especial o en una comunidad si es que tiene un recinto especial para que se mantenga privado de libertad".
"Esto no es que eludan su condena; para los que creen que quieren eludir la condena, esto no es así. Hay una base de DD.HH que justifica lo que estan reclamando en buena parte". Esto dice, mas allá de las agendas politicas que puedan tener los presos.
Este trato diferenciado, dice, se podría materializar con módulos especiales con mayor contacto con elementos naturales o facilidades para hacer ceremonias comunitarias.
"Imagínate para un preso que le hacen clases de historia y le enseñan que lo ocurrido en la Araucanía fue una 'pacificación'. Eso no tiene ningún sentido", señala.
Lo que dice el gobierno
El gobierno ha llamado a deponer la huelga de hambre y convocó a una instancia de diálogo que se realizará este viernes. Por otro lado, el Ministerio de Justicia publicó una minuta que detalla las medidas que están implementando para "reforzar los principios contenidos en el Convenio 169 en el ámbito penitenciario y a resolver la situación de huelga de hambre de un grupo de presos mapuches en la Araucanía".
Entre las medidas, señalan, se procurará aplicar un enfoque intercultural en la evaluación de la conducta para el proceso de reinserción social, y aseguran que mientras esto no ocurra, la inasistencia de personas de pueblos originarios a establecimientos penitenciarios no provocará una evaluación negativa al momento de revisar permisos de salida, libertad condicional o traslado a un Centro de Educación y Trabajo.
Junto con esto se ha instruido a los jefes de unidad el permitir el ingreso a los establecimientos penitenciarios médicos pertenecientes a los pueblos originarios, y que se asegurarán espacios para que "todas las expresiones de esta índole, propias de las religiones tradicionales en nuestro país o de las expresiones espirituales de los pueblos originarios, se puedan ejercer con la mayor plenitud posible, atendida la realidad del régimen penitenciario".
En cuanto a los huelguistas, el gobierno aseguró que no se realizarán procesos disciplinarios contra quienes hayan ejercido esta acción de manera pacífica.
En tanto, el intendente de La Araucanía, Víctor Manoli, anunció que convocará a todos sus antecesores en el cargo en miras a buscar una solución política con conflicto.
Con todo, tanto el gobierno como la intendencia descartan la existencia de "presos políticos Mapuche". “Aquí, las personas que están privadas de libertad, lo están por resoluciones de los tribunales del Justicia, no del Gobierno”, aseguró el nuevo ministro del Interior, Víctor Pérez.
El precedente de 2010
Como un déjà vu de lo ocurrido hace una década. Así calificó hace algunas semanas el periodista de origen Mapuche Pedro Cayuqueo el conflicto que vuelve a enfrentar Sebastián Piñera.
En una columna publicada en el diario La Tercera, el autor de "Historia Secreta Mapuche" -libro próximo a publicar un segundo volumen- recordaba como en 2010 la primera administración de Piñera enfrentó una huelga de más de ochenta días en los penales de Temuco, Lebu, Angol y Concepción, la que finalizó tras una negociación que de la que fue parte la Iglesia Católica.
Tras el fin de la huelga -de la que fue parte el líder de la CAM, Héctor Llaitul (en la foto)- hubo cambios relevantes, entre ellos la no aplicación de la justicia militar en estas causas, y la exclusión de adolescentes dentro de la ley antiterrorista.
Para Salvador Millaleo, la gran lección que dejó la huelga de 2010 "es que la voluntad de dialogo siempre da fruto cuando es en serio".
"Yo tengo la impresión que hay gente del gobierno que quiere dialogar, pero que no está empoderada por el Presidente Piñera y por eso no se ha podido llegar a un acuerdo, y que esto está distorsionado por la debilidad política del gobierno y la necesidad de satisfacer las expectativas de sus adherentes más duros", señala.
Aunque cree poco probable una mediación de la Iglesia -un actor que ha perdido revelancia en la última década en buena medida por los casos de abuso sexual- el abogado advierte que otros organismos como el INDH o instancias internacionales podrian jugar un rol de mediación. Sin ir más lejos este martes el alto comisionado para los DD.HH de la ONU -organismo dirigido por la ex presidenta Michelle Bachelet- planteó su preocupación por la crisis en la zona.
“El diálogo participativo y de buena fe es el único camino frente a las continuas tensiones sociales en La Araucanía”, aseguró Jan Jarab, representante del organismo en América del Sur.
Las causas del racismo y las posibilidades del Proceso Constituyente
"El que no salta es Mapuche" fue una de las frases de la protesta ocurrida el sábado en el frontis del municipio de Curacautín y que generó rechazo desde diversos sectores, incluido el gobierno, donde el ministro vocero, Jaime Bellolio, habló derechamente de racismo.
Para Millaleo lo ocurrido en la zona da cuenta de que "existen estereotipos que se han anidado en la historia oficial y que la gente los ha asumido como naturales, de que los mapuches son violentos, flojos, o borrachos, una serie de elementos que uno creía que se habían ido, pero no".
La controversia en La Araucanía se da también en momentos que el Congreso discute la norma que regulará los escaños reservados para pueblos originarios en la eventual Convención Mixta o Constituyente, que estará a cargo de redactar la nueva Constitución en caso de que triunfe el Apruebo.
Millaleo planta que "una constitución no resuelve mágicamente todo, pero establece las bases fundamentales de todo lo que se puede hacer en un país, y uno de los problemas que tenemos es que no tenemos las herramientas para resolver estos problemas".
"Necesitamos una Constitucion que tenga ciertos contenidos -plurinacionalidad, reconocimiento de derechos- y la manera de que eso suceda es asegurando escaños. Es como que si uno esperara que la Constitución considerara los derechos de la mujeres y no hubiera mujeres redactando la Constitucion, eso no va a ocurrir".
El académico de la Universidad de Chile enfatiza que "los indígenas tienen que estar ahi por un deber de inclusion. Y deben estar en proporción a la poblacion del país, donde un 13% pertenece a pueblos originarios".
