Durante la madrugada de este domingo se confirmó que oficialismo y oposición habían llegado a acuerdo en definir el Plan de Emergencia a raíz de la crisis derivada de la pandemia por coronavirus en Chile.
Uno de los puntos que era piedra de tope entre el Ejecutivo y la oposición era sobre el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), que se había fijado en 65 mil pesos por persona, pero que ahora alcanzará los 100 mil persos por persona en familias de hasta cuatro integrantes; una medida económica que estará destinada al 80% de las familias más vulnerables del país, a diferencia del 60% antes establecido por el Gobierno.
Junto con eso, se establecieron tres gandes ejes, los que contemplan un marco fiscal por 24 meses y la consolidación fiscal a posteriori; la protección de los ingresos de las familias y el plan de reactivación económica y del empleo.
Marco fiscal por 24 meses
Se propone crear una estructura legal que permitiría implementar, de forma transitoria y flexible, un programa fiscal de máximo 12 mil millones de dólares para los próximos 24 meses, que dependerían de efectos económicos y sociales de la pandemia.
En ese sentido, se creará el fondo extrapresupuestario "Fondo COVID", que permitiría al Gobierno ejecutar acciones para enfrentar la emergencia financiando mayores gastos corrientes: como transferencias directas a familias, trabajadores y empresas y apoyos de salud que incluyen la salud mental; inversión pública adicional; y nuevos impulsos en pro de la reactivación y la reconversión.
El Fondo COVID se financiará a través de aporte fiscal.
Protección del empleo
Por una parte, se establecerá el denominado IFE 2.0, que buscará proveer ingresos de emergencia a las familias y que incentivará el quedarse en la casa y respetar la cuarentena.
Este sería compatible con beneficios de la ley de protección del empleo, el seguro de cesantía, apoyo a los honorarios, u las pensiones contributivas y no contributivas; y se computará considerando un criterio de complemento a los ingresos actuales de una familia.
Eso permitiría incluir a feriantes, coleros, pescadores artesanales, trabajadores a honorarios, trabajadoras de casa particular, entre otros, independiente de la fuente de ingreso.
Junto con eso, también se establecerán recursos adicionales a las municipalidades, siguiendo criterios de vulnerabilidad, para aportar 120 millones de dólares. Además, se harán aportes a organizaciones sociales y gastos en salud.
Reactivación económica
En este ítem, se buscará coordinación con el Ministerio de Obras Públicas y el de Vivienda y Urbanismo para fomentar el trabajo en infraestructura hídrica, logística y viviendas.
Se propondrán iniciar proyectos estratégicos concesionados y no en áreas ligadas a conectividad digital, infraestructura pública para turismo.
Se establecerían incentivos a la contratación de trabajadores, con un incremento temporal de la cobertura de subsidios para jóvenes y mujeres desde el 40 al 60% más vulnerable.
Respecto a las Pymes, se buscará apoyarlas a través de fondos, dando facilidades administrativas para recapitalización, re-emprendimiento, y la agilización de las respuestas del Estado.
Otra de las medidas a destacar es la facilitación del acceso al crédito y el apoyo a empresas estratégicas.
