Gobierno decide no acudir al TC tras aprobación de proyecto que prohíbe corte de servicios básicos
Gobierno decide no acudir al TC tras aprobación de proyecto que prohíbe corte de servicios básicos
El Gobierno decidió no recurrir al Tribunal Constitucional tras la aprobación en Cámara del proyecto que prohíbe el corte de los servicios básicos durante el periodo que dure la pandemia del COVID-19 en el país.
Con 28 votos a favor y 10 abstenciones en el Senado, el jueves pasado se despachó el proyecto que no estuvo ajeno a críticas de parlamentarios oficialistas, principalmente de la bancada de la UDI.
Y tras ello, la Secretaría General de la Presidencia (Segpres) anunció que el Gobierno "se encuentra actualmente analizando en detalle el contenido de las disposiciones aprobadas, para resolver los cursos de acción", explicando que "el contenido de la moción parlamentaria, que implica la postergación de pagos a privados, eventualmente, podría constituir infracciones a las normas constitucionales".
Pero este martes se cumplía el plazo de cinco días establecido en la Constitución para poder recurrir al TC por parte del Ejecutivo. Y esta decisión de finalmente no acudir al Tribunal se debió principalmente a tres factores.
Según detalló El Mercurio, el primer motivo radica en que, tras escuchar la opinión de expertos, el Gobierno consideró que se trataba de un “caso débil” y de “resultado incierto” frente a la posible inconstitucionaldiad.
La segunda razón sería que hay empresas del rubro (luz, agua y gas) que ya están aplicando esta medida de no corte de servicios desde el pasado 27 de marzo a clientes que forman parte del 40% al 60% más vulnerable. Por lo tanto, que el Ejecutivo recurriera al TC podía considerarse como un actuar discordante.
Y en tercer lugar, se evaluó el “complejo funcionamiento” actual del TC, que podría significar un revés para el Gobierno en un periodo donde se necesitan medidas urgentes frente a la crisis sanitaria y económica que enfrenta el país.
Finalmente, con esto el proyecto quedó listo para ser promulgado ley, aunque aún el Ejecutivo puede presentar un veto al Congreso para añadir o eliminar contenido, lo cual provocaría otro escenario difícil ya que necesitaría el apoyo expresado mediante los votos de los parlamentarios.
