Desde el comienzo del estallido social, se han registrado diferentes ilícitos –principalmente ligados a los saqueos- que se encuentran a manos del Ministerio Público, un tema que fue abordado por el fiscal nacional, Jorge Abott, y los persecutores regionales en el Consejo General de Fiscales del pasado 13 de diciembre.
Sin embargo, se hizo hincapié en la salida judicial que han tenido algunos de estos casos, principalmente las 162 solicitudes de salidas alternativas de suspensión condicional del procedimiento presentadas por fiscales Centro Norte.
“Las salidas alternativas son salidas absolutamente legítimas dentro de nuestro sistema procesal penal. Van a ser absolutamente excepcionales en el caso de los delitos vinculados a la crisis social, pero no las descartamos puesto que van a haber situaciones donde se justifiquen las mismas y escuchando a las víctimas”, indicó Abott al término del Consejo.
De acuerdo con el proceso judicial, para aplicar esta medida es necesario que el fiscal del caso y el imputado lleguen a un acuerdo. Además, este último no debe tener condenas previas y su pena, en este presunto delito, no puede superar los tres años.
En caso de que dicha pena se aplique, en un plazo de uno y tres años, el imputado debe cumplir condiciones. Mientras que si no se le imputa un nuevo delito en este tiempo, su causa puede ser sobreseída definitivamente.
En general, y de acuerdo con las cifras entregadas por la Defensoría Penal Pública (DPP), desde el 18 de octubre al 14 de diciembre hay 35.558 delitos que pueden estar asociados al estallido social - como saqueos (robo en lugar no habitado), amenazas a policías, desórdenes, etc.- y cuyos imputados pasaron a control de detención.
Según datos de DPP y publicados por La Tercera, de ese total de ilícitos, 6.621 son causas que han tenido un término judicial, lo que se traduce en un 19% de dicha cifra que, además, excluye aquellos delitos que tienen una alta probabilidad de no haber sido cometidos en el contexto de la crisis en Chile.
De aquellas causas, 3.627 han resultado en salidas alternativas, 966 en condenas, 488 en procedimientos monitorios (pena de multa), 396 en términos de facultad de fiscalía (como archivo provisional, principio de oportunidad o no perseverar), 219 en sobreseimientos definitivos y 48 absoluciones.
Finalmente, y en aquellos casos de robos en lugar no habitado (saqueos), se registró un total de 531 delitos con causas terminadas, de los cuales 116 tuvieron condenas y 183 salidas alternativas.
