La semana pasada, la Contraloría General de la República formuló cargo contra siente generales activos del Alto Mando de Carabineros debido a que "no habrían garantizado el cumplimiento 'protocolos del uso de la fuerza' contenidos en los manuales internos que operaban hasta esa fecha", dentro del contexto de las manifestaciones sociales desde el 18 de octubre.
Frente a esto, durante la jornada, se dieron a conocer las defensas de Mauricio Rodríguez y Enrique Bassaletti y Enrique Monrás, tres de los funcionarios policiales involucrados, a través de sus abogados, Sergio Rodríguez, Jorge Martínez y Carlos Cortés.
A través de una declaración publicada por La Tercera, sus defensores lamentaron "que se hubiesen infringido las normas de reserva de ese tipo de acto administrativo, ya que sin haber sido notificados al menos dos generales han tomado conocimiento de la formulación de cargos en su contra".
Agregaron que "debemos reiterar que el Alto Mando de Carabineros de Chile, de manera conjunta y, en cada caso, individualmente dentro de cada una de sus competencias, realizaron y ejecutaron sucesivamente todas las actuaciones razonables y posibles para prevenir, impedir y sancionar eventuales conductas verificadas fuera de protocolo producidas como consecuencia de los múltiples hecho delictivos ocurridos des el mes de octubre de 2019 y la grave afectación al orden y seguridad pública".
"Tenemos la íntima convicción que no se ha incurrido en responsabilidad administrativa alguna, ya que se tomaron todas las medidas ya referidas, sin omitir alguna acción acorde con las diversas situaciones que se fueron produciendo, todo ello dentro de las capacidades materiales y de personal existentes", aseguró la declaración.
Contraloría y "problema de competencias"
Con respecto a la actuación de la Contraloría afirmaron que "el ejercicio de la potestad sancionadora debe ser ejercida de acuerdo a las normas constitucionales y legales vigentes, como asimismo respetando los principios y garantías de todos los ciudadanos".
"Desde este punto de vista, resulta ilegal que la CGR se inmiscuya en estas materias, por corresponder su conocimiento de manera exclusiva y excluyente al General Director de Carabineros de Chile, todo ello de acuerdo a la LOC (Ley Orgánica Constitucional) que los regula y los reglamentos respectivos", aclaran.
"Se trata más bien de una eventual responsabilidad política por decisiones u omisiones, lo que en caso alguno se encuentra dentro del campo de acción de la CGR, sino que a los organismos y personas que establece la Constitución, de los cuales dependen jerárquicamente los referidos Oficiales Generales", sentencia la declaración.
En documento, los abogados estiman que en esta 'arremetida' de la CGR ha existido un problema serio de competencia y que podría ser constitutivo de un caso de desviación del poder, ya que el tenor de los cargos conocidos, lo que busca es la determinación de eventuales responsabilidades penales de los Oficiales Generales".
De esta manera, finalizan detallando que "lo anterior es un asunto que se encuentra en conocimiento de los Tribunales de Justicia, por lo que de acuerdo a la LOC de la CGR debe abstenerse de conocer estas materias. Se trata, al parecer de los suscritos, de una infracción gravísima a la institucionalidad del país".
