El 2020 fue un año marcado por el confinamiento debido a la pandemia del coronavirus COVID-19, sin embargo, esto no impidió que a nuestro país siguieran ingresando ciudadanos extranjeros que, de forma ilegal, llegaron a Chile para buscar un mejor futuro.
Según un documento elaborado por el Ministerio del Interior, basado en datos de la Policía de Investigaciones, se señala que entre enero y noviembre de 2020, ingresaron clandestinamente al país 13.656 extranjeros.
Entre las razones que se detallan en el informe, está el cierre de fronteras, la tramitación de visas de reunificación familiar por parte de los consulados, las expectativas que generan organizaciones y políticos al prometer visas si ingresan de forma clandestina al país, las falsas promesas de inescrupulosos coyotes que se dedican a cruzar fronteras por dinero, las redes sociales que minimizan las dificultades de estar en Chile en forma irregular, entre otros, según detalla El Mercurio.
En comparación a años anteriores, las cifras llegaron a 8.050 en 2019; 6.310 en 2018; y 2.903 en 2017.
Dentro del listado de países que lideran este ingreso ilegal está Venezuela, con 10.213 personas; seguido por los haitianos, con 980; colombianos, con 682; y bolivianos, con 675 ciudadanos.
El subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, mencionó a dicho medio que la pandemia “significó un aceleramiento en la crisis social, económica y de DD.HH”, durante el régimen de Nicolás Maduro, por lo que “los venezolanos sin esperanza en su país buscan a toda costa ingresar a Chile”.
Desde el Ministerio del Interior además agregaron que la mayoría de estos ingresos se realizarían por la frontera norte del país, aunque las cifras de 2020 corresponden al total de ingresos a lo largo de todo Chile.
Respecto a las medidas que tomará el Gobierno sobre este aumento de ingresos clandestinos, Galli dijo que el objetivo será controlar más estrictamente la entrada clandestina al país “desplegando fuerzas policiales y militares y ampliando el ámbito de aplicación del decreto 265 para que las Fuerzas Armadas puedan también apoyar con tecnología, logística y transporte en el control de los delitos migratorios”.
