Desde las cero horas de este lunes 29 de agosto, rige en Colombia un cese el fuego bilateral y definitivo que, en la práctica, viene a ponerle fin al alzamiento en armas de la guerrilla más antigua de América Latina.
Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) todavía tienen que validar internamente los acuerdos de paz alcanzados con el gobierno, lo que harán en una conferencia que celebrará a mediados de septiembre.
Y luego tienen que hacer lo propio el resto de los colombianos, en un plebiscito que se celebrará el próximo 2 de octubre.
Pero ambos ya han dado un paso fundamental hacia la terminación de un conflicto armado de más de 52 años, que ha dejado al menos 260.000 muertos, decenas de miles de desaparecidos y casi siete millones de desplazados.
Aunque el país todavía tiene por delante un reto gigantesco, la reinserción de los combatientes de las FARC, estimados en al menos 7.000 efectivos, además de una extensa red de milicianos que pueden sumar en torno a 8.000 personas.
 |
| El número de efectivos de las FARC se estima en 7.000 |
Muchos de ellos han pasado gran parte de su vida casi sin contacto con la sociedad civil, en campamentos recónditos, bajo la única dirección de sus superiores guerrilleros y sin saber hacer mucho más que empuñar las armas.
¿Qué les depara el futuro? ¿Qué va a pasar con ellos de ahora en adelante?
Preparando la desmovilización
Por lo pronto, los guerrilleros ya empezaron a concentrarse de cara a su traslado a las denominadas "zonas veredales transitorias de normalización", donde iniciarán el proceso de preparaciónpara reincorporarse a la vida civil.
Esto deberá ocurrir en los seis meses posteriores al día D (la firma oficial del acuerdo, que se espera para finales de septiembre).
En total, habrá 22 zonas veredales (aunque es posible que se sume una más), con campamentos en su interior, así como seis campamentos más pequeños.
El número de zonas fue un tema de disenso en la mesa de negociaciones: las FARC querían más, el gobierno menos.
Mientras estén en esas zonas, los combatientes serán responsabilidad de las FARC, pero la guerrilla deberá aportar al gobierno una lista con todos sus integrantes e informar en qué zona de normalización están.
 |
| Los guerrilleros se concentrarán en 23 zonas veredales. |
Las autoridades civiles no armadas pueden entrar con libertad en estas zonas, salvo en el área de los campamentos, donde tampoco podrá entrar la población civil.
Además, las fuerzas del Estado no podrán volar por debajo de los 1.500 metros en las zonas donde está concentrada la guerrilla.
Alrededor de las zonas habrá un área de seguridad, de un kilómetro de distancia respecto a la frontera de la zona, donde no podrá haber fuerza pública, excepto aquellos que formen parte de los equipos de monitoreo y verificación, el mecanismo tripartito que contará con integrantes de una misión política de Naciones Unidas, representantes del gobierno y de las FARC.
Está previsto que las FARC puedan llevar a cabo, en coordinación con el gobierno, formaciones para capacitar a los guerrilleros en labores productivas o en educación básica primaria, secundaria o técnica.
El gobierno ha advertido que aquellos guerrilleros que no acepten desmovilizarse, serán atacados por el ejército.
180 días para desarmarse
Según lo acordado, la organización guerrillera tendrá 180 días para desarmarse totalmente.
La entrega de armas (o dejación de armas, como se llama en el acuerdo) se hará bajo la verificación de observadores internacionales pertenecientes a la misión de la ONU y se producirá de forma progresiva a los 90, 120 y 150 días del día D.
Esas armas se mantendrán en contenedores, en un lugar seguro y bajo un sistema de doble llave, una en manos de la misión de la ONU y la otra de las FARC.
 |
| Después de 180 días, los guerrilleros pasarán a vivir con el resto de la población de Colombia. |
A los 180 días de la firma se certificará el desarme por parte de la ONU y dejarán de existir las zonas y los campamentos.
Entonces, los guerrilleros pasarán a vivir con el resto de la población de Colombia.
Las armas recogidas se fundirán para crear tres monumentos que se colocarán en La Habana, Nueva York y un lugar a determinar en Colombia.
El acuerdo contempla compromisos del Estado para proteger la seguridad de los guerrilleros desmovilizados.
"El desafío va a ser ganarse el respeto y no imponer el respeto con las armas", le dijo un comandante del Frente 30 de las FARC al corresponsal de BBC Mundo en Colombia, Natalio Cosoy, en una visita a un campamento en junio de este año.
Los guerrilleros recordaban entonces con temor anteriores desmovilizaciones que terminaron con centenares de exinsurgentes muertos a manos de paramilitares de la derecha.
 |
| La seguridad de los excombatientes es uno de los temas clave. |
Además de garantías de seguridad, los guerrilleros desmovilizados también recibirán ayudas económicas.
Una vez que salgan de las zonas veredales, todos los guerrilleros recibirán durante 24 meses una renta básica mensual de 620.000 pesos (US$210), equivalente al 90% del salario mínimo en Colombia, siempre que no tengan ninguna fuente de ingresos.
Se entiende que esta asignación facilitará que los excombatientes se puedan mantener mientras logran encontrar un empleo y que sirva como desincentivo contra cualquier deseo de volver a las armas.
Además, cada excombatiente tendrá derecho a recibir un ingreso por valor de 8 millones de pesos (US$2.700) para "emprender un proyecto productivo individual o colectivo".
Y todos los exguerrilleros recibirán al salir de las zonas de concentración un ingreso de 2 millones de pesos (US$680) denominado "asignación única de normalización".
Los pagos de este tipo han sido utilizados en las desmovilizaciones de los grupos paramilitares de derecha a mediados de los años 2000 y también forman parte del mecanismo de reincorporación de guerrilleros que han dejado las armas por cuenta propia en el pasado.
Saldando cuentas con la ley
Una de las cuestiones cruciales del acuerdo, y de las más difíciles, era saber si los guerrilleros de las FARC enfrentarían o no penas de cárcel una vez firmada la paz.
El acuerdo final contempla que el gobierno colombiano puede otorgar la amnistía "más amplia posible" para los delitos políticos (de rebelión) "y conexos".
 |
| El acuerdo contempla una amnistía "lo más amplio posible". |
Es uno de los puntos más críticos, puesto que se estima que la mayoría de los rebeldes serán amnistiados y no pagarán condena ni reparaciones.
Aunque los responsables de los crímenes especialmente graves, como los delitos de lesa humanidad, masacres, desapariciones forzadas o violaciones sí recibirán condenas.
Los delitos no amnistiables ni indultables serán juzgados por el Tribunal para la Paz, parte de la jurisdicción especial diseñada por los acuerdos de La Habana.
La extensión y tipo de las condenas dependerá de cómo y cuándo se confiesen esos crímenes.
Para quienes reconozcan prontamente su responsabilidad en infracciones muy graves, las sanciones no serán de prisión, sino de penas de reparación a las víctimas, de entre 5 a 8 años.
Entre ellas habrá restricciones efectivas de libertades y derechos, tales como la libertad de residencia y movimiento.
 |
| Los acuerdos todavía tienen que ser refrendados por los colombianos. |
A quienes reconozcan su responsabilidad, pero lo hagan de manera tardía, se les impondrá una pena privativa de la libertad de entre 5 y 8 años en una prisión ordinaria.
Quienes no reconozcan su responsabilidad y sean declarados culpables, por el Tribunal para la Paz, de conductas muy graves serán condenados a pena privativa de la libertad que no será menor de 15 años ni superior a 20.
El acuerdo dice que los delitos comunes que no tienen relación con la rebelión no pueden ser amnistiados.
Los guerrilleros presos podrán optar a los beneficios penales siempre que hayan sido condenados por delitos políticos o estén en proceso.
Política en lugar de armas
La transformación de la guerrilla en un partido político es uno de los puntos fundamentales del acuerdo.
Si finalmente se aprueba el plebiscito, y de forma temporal, las FARC designarán unos voceros que participarán en el Congreso y en el Senado (tres en cada cámara), con voz pero sin voto, y solo en las discusiones que tengan que ver con la puesta en práctica de los acuerdos.
 |
| El acuerdo le permitirá a las FARC dar batalla en la arena política. |
Además, el movimiento recibirá ayuda por parte del Estado colombiano para establecerse como partido.
Por un lado, unos US$2,4 millones serán destinados a la nueva organización, que solo será reconocida cuando se haya terminado el proceso de desmovilización y desarme.
Y en una segunda etapa, el Estado garantizará a las FARC una representación mínima de cinco asientos en la Cámara y cinco en el Senado.
Esto sucederá a partir de 2018 y durante dos periodos electorales (cuatrienios).
Si logran los escaños electoralmente, entonces no se les sumará nada.
Cualquier líder de las FARC podrá ocupar esos asientos siempre que no esté pagando pena de cárcel.
