Bloqueos del aeropuerto de Barcelona y de estaciones, cortes de carreteras y trifulcas con la policía. El independentismo catalán se encendió con la condena a sus líderes: "Vamos a hacernos escuchar, que sepan que esto no ha terminado".
"Hasta ahora estábamos parados, a la expectativa de qué pasaba con la sentencia. Y el Estado español, como siempre, no ha decepcionado", dice Jordi, un comercial de 44 años que prefiere mantener el anonimato.
Enfrente suyo está el fuerte dispositivo policial que protege los accesos del aeropuerto de Barcelona, primer objetivo de las protestas independentistas tras conocerse las penas de entre 9 y 13 años de cárcel para los líderes que impulsaron el intento de secesión de octubre de 2017.
Según los servicios de urgencia, 37 personas resultaron heridas, 34 de las cuales en el aeropuerto.
La lluvia fina va calando entre los cientos de manifestantes que protagonizaron duros enfrentamientos con la policía. Por un lado unos cargaban y disparaban proyectiles de espuma a la muchedumbre, que les respondía con insultos, piedras, cubos de basura, latas y otros objetos.
Treinta y cuatro personas precisaron asistencia sanitaria en el aeropuerto, según el servicio regional de emergencias médicas.
"Siempre hemos buscado vías pacíficas pero nadie nos hace caso. Nos vemos obligados a tirar de la desobediencia", reconocía Carles Navarro, un consultor de 49 años.
"La indignación es demasiado grande y afecta a demasiada gente. No pararemos", añadió.
Aunque esperada por gran parte del independentismo, la condena contra sus líderes generó indignación en muchos de sus militantes que, apenas unos minutos después de su publicación, ya empezaban a inundar las calles de Barcelona en protestas espontáneas.
La tensión se respiraba desde el amanecer en esta ciudad. Un helicóptero sobrevolaba el cielo nublado y numerosas furgonetas policiales protegían posibles objetivos de las protestas como la principal estación de trenes, las dependencias judiciales o el aeropuerto.
"Hoy será un día histórico, se nota en el ambiente. Están pasando cosas muy bestias, no nos podemos quedar en casa", aseguraba Oscar Quiles, empresario inmobiliario de 47 años.
"La gente está muy caliente", advertía este hombre desde la céntrica plaza Cataluña de la metrópolis catalana.
Sobre las 13H00 (11H00 GMT), allí se reunieron unas 25.000 personas, según la policía municipal, convocadas digitalmente por la misteriosa plataforma Tsunami Democrático, un grupo creado para gestionar la protesta por la condena contra los líderes.
Impulsada por anónimos, que se comunican entre ellos con aplicaciones de mensajería fuertemente encriptadas y tienen más de 150.000 seguidores en Telegram, este grupo llamó a paralizar el aeropuerto de Barcelona, el segundo más importante de España.
A pie, en metro, en tren, en taxi o vehículo privado, miles de ellos se dirigieron hacia allí, bloqueando sus accesos aunque incapaces de penetrar en la terminal fuertemente custodiada por la policía.
Por la carretera, entre una larga hilera de coches bloqueados, algunos turistas caminaban con sus maletas para intentar llegar al vuelo. Dentro, los que aterrizaban se encontraban con la terminal bloqueada sin taxis y con el metro y el tren funcionando intermitentemente.
Segun informó el operador AENA, de los 1066 vuelos programados hoy en el aeropuerto, se han cancelado 108 y se han operado con normalidad 707.
En Girona, 100 km al norte de Barcelona, los manifestantes consiguieron cortar la circulación de trenes de alta velocidad entre Francia y Madrid.
"Espero que tenga alguna repercusión, pero soy un poco escéptica. Hemos hecho tantas cosas y no han servido para nada", decía en las puertas del aeropuerto barcelonés Anna, una joven enfermera de 27 años.
Los próximos días se prevén igualmente agitados: a partir del miércoles están organizadas marchas por toda la región que confluirán el viernes en Barcelona.
Además, sindicatos separatistas convocaron huelga general para el viernes y los estudiantiles desde el miércoles.
"La única vía que nos queda es la desobediencia. Esta semana será toda de movilizaciones y va para largo", decía apenas comenzar las protestas Juli Cuéllar, un funcionario de 44 años.
El objetivo era mostrar repudio a la sentencia que condenó al ex vicepresidente catalán Oriol Junqueras a 13 años de prisión por sedición y malversación, la más dura de las penas contra los doce separatistas procesados de febrero a junio por el Tribunal Supremo en Madrid.
Además de él, fueron condenados la ex presidenta del parlamento catalán, Carme Forcadell (11 años y medio), el ex presidente y presidente de influyentes asociaciones independentistas ANC y Omnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart (9 años), y cinco antiguos ministros regionales (entre 10,5 y 12 años).
Otros tres ex ministros, que estaban en libertad condicional, deberán pagar una multa de 60.000 euros por el delito de desobediencia.
"No es justicia, es una venganza", denunciaron en un comunicado común los nueve independentistas condenados a penas de cárcel.
