Venezuela y su default parcial en cuatro preguntas

Por AFP

Venezuela fue declarada en "default parcial" por el impago de intereses de sus bonos globales, en momentos en que intenta refinanciar la deuda externa de unos 150.000 millones de dólares.

A continuación, qué es y qué consecuencias tiene un default:

¿Cuándo ocurre un default o cesación de pagos?

Un país es considerado en cesación de pagos o default cuando incumple total o parcialmente con sus acreedores. Estos pueden ser locales o extranjeros, e incluso organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI).

En el caso de Venezuela -cuyo default parcial declaró este martes la calificadora de riesgos Standard & Poors (S&P)- lo que está en juego son créditos de inversores privados.

Caracas debía pagar el lunes 200 millones de dólares de rendimientos de dos bonos con vencimiento en 2019 y 2024. El pasado viernes tenía que cancelar otros 81 millones de un papel de su petrolera PDVSA.

Mientras, la Asociación Internacional de Swaps y Derivados (ISDA), que agrupa a tenedores de deuda, evalúa si hubo un cese de pagos de un bono de PDVSA por 1.161 millones de dólares (capital e intereses), para así activar el pago de seguros.

En lo que queda de 2017 Venezuela tiene otros vencimientos por unos 1.470 millones de dólares, y el año entrante deberá pagar unos 8.000 millones de dólares.

Actualmente sus reservas son de 9.681 millones de dólares.

Los default no son inusuales: desde 1999 hubo 26 en todo el mundo, según S&P Global Ratings, y algunos países enfrentaron esa situación más de una vez.

¿Quién declara o constata un default?

Hay diversas formas de declarar o constatar un default.

1. El gobierno puede anunciar que no honrará sus pagos y automáticamente incurre en cesación de pagos.

2. El default puede ser también declarado por una agencia calificadora, como Moody's, Fitch o S&P, que comunica públicamente que el país no pagó y, en consecuencia, lo considera en cesación de pagos.

3. Una tercera posibilidad es que un acreedor privado anuncie que Venezuela no le pagó.

4. Y otra opción es que lo anuncie un organismo como el ISDA, con sede en Estados Unidos, que en los hechos es como un vigía de las deudas soberanas.

¿Cuáles son las consecuencias?

Para un país en default, la primera consecuencia es que se convierte en un paria de los mercados financieros internacionales. No consigue créditos y si lo logra es a tasas astronómicas.

En el caso de Caracas, además, el gobierno de EE:UU. prohibió en agosto transar nuevos bonos de deuda de Venezuela y de PDVSA.

Los acreedores, a su vez, pueden eventualmente embargar activos en el exterior. Para Venezuela, lo más importante es la compañía Citgo, con sede en EE.UU., que refina y comercializa gasolina en ese país.

Entre los principales acreedores de Venezuela están China y Rusia pero también inversores, la mayoría de EE.UU., seducidos por los elevados rendimientos prometidos por Caracas dado lo mal considerada que está su deuda.

En el plano judicial, un país en default queda expuesto a eventuales represalias de países en los que residen los acreedores. 

Además, el país queda etiquetado como "mal pagador", lo cual complica y encarece la obtención de fondos frescos.

El FMI podría eventualmente promover un rescate, pero esa posibilidad no está siendo considerada por Caracas. Venezuela aún integra el FMI, pero cortó sus relaciones con el organismo hace 10 años. 

¿Reestructurar o refinanciar?

Cuando un país cae en default puede refinanciar o reestructurar su deuda para modificar las condiciones del crédito que no puede afrontar.

Normalmente la refinanciación implica un acuerdo entre las partes para, entre otras cosas, modificar plazos o establecer períodos de gracia. En una reestructuración, el deudor, en cambio, impone obligatoriamente las nuevas condiciones al acreedor.

El gobierno venezolano se reunió el lunes en Caracas con acreedores a quienes, sin embargo, no ofreció aún un plan concreto de renegociación.

Caracas ya pactó un acuerdo con Rusia por 3.000 millones de dólares y asegura que hay avances con China, a la que adeuda unos 28.000 millones. 

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