El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Henry Ramos Allup, dijo este jueves que ministros del área económica del gobierno de Nicolás Maduro "entraron en desacato" al negar su asistencia a comparecer en el Parlamento.
"Querían que la sesión fuera sin la presencia de los medios de comunicación para que esto no fuera un reality show, y nos negamos", dijo Ramos Allup a los medios de comunicación.
La Asamblea Nacional, que hace tres semanas se inauguró con una mayoría opositora por primera vez en 17 años de gobiernos chavistas, había invitado a varios funcionarios del Ejecutivo a comparecer como parte del estudio de una emergencia económica que decretó el presidente Maduro.
La emergencia es la carta del oficialismo para resolver la crisis económica que sufre el país, pero debe ser aprobada por la Asamblea Nacional, que tiene pautado votarla este viernes.
Allup dijo que "de todas maneras, la comisión (para estudiar el decreto) se instalará en su momento, dará cuenta de la negativa del gobierno y tomará una decisión respecto al decreto con la información de la que disponga".
Maduro entró a la Asamblea el decreto de emergencia el viernes pasado en su rendición de cuentas.
Información sensible
Luego de la declaración de Ramos Allup, el vicepresidente, Aristóbulo Iztúriz, argumentó que "hay materias que no pueden ser dilucidadas públicamente, que son materias de Estado, importantes, que requieren seriedad, y para eso es la política".
"Hay un show montado al que le quieren sacar provecho mediáticamente y nosotros le dijimos que así nosotros no vamos a ir", justificó a través del canal estatal, Venezolana de Televisión.
La Ley de Comparecencias a la Asamblea Nacional sanciona la no asistencia con el delito de contumacia, que implica una multa de entre 100 y 200 unidades tributarias (entre US$20 y US$2.000 dependiendo de la tasa de cambio que se use).
Nelson Merentes, presidente del Banco Central y responsable de la información macroeconómica más importante, era uno de los invitados.
Asimismo, la Ley dice que cuando se trate de funcionarios de libre nombramiento y remoción, como es el caso de los ministros, la Asamblea les podrá imponer un voto de censura, "con la obligación de proceder a la remoción inmediata".
La oposición tenía planeado pedirles a los directivos de entidades clave como Petróleos de Venezuela y el Banco Central información sobre gestión y desempeño.
Durante los últimos años y en medio de diferentes denuncias por corrupción, la divulgación de dicha información oficial ha sido limitada.
Desde que la oposición se instaló en la Asamblea como mayoría, las polémicas entre los diferentes poderes del Estado han copado la agenda política del país.
Muchos temen que el llamado "choque de poderes" impida la resolución a los problemas.
